ALMA GRANDE

Por Ángel Álvaro Peña

La situación de los periodistas en México tiene su expresión más clara en el estado de Veracruz. Es la entidad donde más comunicadores han muerto y no solo eso, desaparecido, intimidado, amenazado, etc.

Los veracruzanos están ahora alerta sobre lo que pueda sucederle a cualquier comunicador en la entidad, y no parece haber una explicación lógica donde no se encuentre una omisión o complicidad oficial.

Para el poder estatal el homicidio o desaparición de un periodista pareciera convertirse en un peso menos sobre la espalda, o en una piedra que ya no molestará en el zapato.

En el momento en el que surge la inquietud de que un comunicador pudiera desaparecer, de inmediato se encienden las luces rojas de la Fiscalía General del Estado, que encabeza Jorge Winckler, quien antes de asistir al lugar del crimen lanza la primer descalificación argumentando que el desaparecido o asesinado no era periodista.

No hay excepción en este asunto. La primera declaración oficial que sale de las oficinas de la procuraduría estatal es una descalificación asegurando que no era periodista, que manejaba un taxi, que tenía una taquería en su casa, que vendía tal o cual producto, y lo peor, sin averiguación de por medio suelen ligar  a las víctimas de asesinato con la el crimen organizado.

Esta ha sido la mejor manera de sacudirse una responsabilidad que por obligación le corresponde. La muerte de cualquier habitante del país, debe ser investigada para que el criminal sea castigado, pero en Veracruz es suficiente la acusación de pertenecer a la delincuencia organizada para dejar el asunto a un lado y congelarlo de por vida, por el simple hecho de que el fiscal presume que pertenecía a una banda o a un cártel, o simplemente que pasaba información a los delincuentes o vendía droga al menudeo.

En Veracruz, como sucede en todo el país, el comunicador tiene que realizar otras tareas que no van de acuerdo a su vocación para que él y su familia puedan sobrevivir. Y es ahí donde la fiscalía de Veracruz hace a un lado la actividad principal del sujeto y subraya que la víctima tenía problemas de faldas o simplemente se buscó una muerte violenta.

Una de las figuras sociales que fortalecen la democracia es la libertad de expresión, sin ella no hay caja de resonancia ni para la crítica ni para el ejercicio de las libres ideas. Mucho menos para la autocrítica. Pugnan por el libre mercado, por el libre comercio, por la libertad arancelaria pero no por la libertad de expresión. Cada vez que un periodista desaparece, la sociedad se cimbra, se reconoce vulnerable, se muestra desprotegida, más aún con acusaciones instantáneas de la parte oficial que coloca acciones y prácticas falsas a quienes no pueden defenderse.

Los periodistas veracruzanos colocamos las esperanzas en un nuevo gobierno que advirtió que en los primeros seis meses de su gestión desparecería la violencia y el castigo a los victimarios de los periodistas sería ejemplar.

Los periodistas siguen desapareciendo y la violencia impera a lo largo y ancho del territorio veracruzano.

En 2016, Anabel Flores, fue encontrada muerta con signos de tortura. Nadie sabe quién fue el o los culpables. Los familiares de las víctimas suelen quejarse por la indiferencia de las autoridades a la hora de realizar las investigaciones, en todos los casos.

También en 2016 Manuel Torres González, de TV azteca, también fue asesinado, y así podemos hablar desde esa fecha de otros como Pedro Tamayo Ríos, Manuel Vázquez, Ricardo Monlui Cabrera, Cándido Ríos, Edwin Rivera Paz, Gumaro Pérez Aguilando.

En noviembre del año pasado, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, denunció que la impunidad prevalece en el 90 por ciento de los asesinatos y agresiones a periodistas en todo el país.

Aseguró que el análisis de 176 averiguaciones judiciales que han sido abiertas en los últimos años por agresiones a la prensa, solo en el 10 % había una sentencia condenatoria y en el restante 90 % impera la impunidad.

Las agresiones son tan constantes que los periodistas interpretan que «llevan el mensaje de advertencia de que lo que pasó a un comunicador puede ocurrirle a los demás, buscando así silenciar la libertad de expresión», sostuvo el titular de la CNDH.

Los gobiernos estatales, encargados de este tipo de agresiones a la sociedad, se desentienden y solo esperan la hora en que el gobierno federal pueda atraer los casos para dejar su responsabilidad original a un lado.

Los homicidios de periodistas se han incrementado en los últimos años al pasar de 4 en 2000 a 12 en 2015, 13 en 2016, 12 que se registraron en 2017 y 3 en lo que va de este año.

La Federación Internacional de Periodistas anunció una campaña contra la impunidad en México, Pakistán, Afganistán, Irak, Yemen, Somalia y Ucrania, tras el asesinato de 57 reporteros en todo el mundo en 2017 y ante la falta de justicia en muchos de esos crímenes.

El gobierno federal en los últimos años se ha hecho responsable de la seguridad de periodistas amenazados por diferentes fuerzas, incluso por voces reconocidas y motivos muy bien delineados. A partir de este método se ha salvado la vida de varios comunicadores que solicitan la protección necesaria para la realización de su tarea que tiene objetivos históricos y la preservación de su vida, así como la integridad de su persona y la de su familia.

La última ocasión en que se creyó que desaparecía un periodista en Veracruz, fue el caso de Fabián Hipólito Enemesio, reportero de la Ke Buena, se quedó sin crédito para su teléfono celular y las zonas donde cubría una marcha de migrantes no le permitían tener comunicación, sin embargo, siguió registrando la información, aún a costa de que se pensara que no estuviera donde debía estar.

No podemos admitir que se pondere, sobre la responsabilidad social de informar la ocupación secundaria de muchos comunicadores que solo tienen actividades paralelas para poder tener un nivel de vida digno. Las autoridades en Veracruz no pueden seguir acusando a las víctimas de ser delincuentes sin investigación previa, pero con un rencor institucional que puede advertirse desde el primer momento en que hablan públicamente del caso. Los periodistas en Veracruz somos carne de cañón, somos maltratados incluso después de muertos, calumnian frente a los cadáveres de los compañeros, los descalifican a pesar de la violencia de que son objeto. PEGA Y CORRE.– La violencia en Veracruz es generalizada, ahora un caso de verdadero terror en la población sucedió en Alvarado contra una joven embarazada, Jenny Judith Seba Velasco, a quien asesinaron para sacarle al bebé de su vientre…Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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