Acusan a la Fuerza Civil de actuar fuera de la ley y ejercer violencia de género en desalojo polémico

Tuxpan, Ver.– Un escándalo ha estallado en la ciudad de Tuxpan luego de que elementos de la Fuerza Civil son acusados de llevar a cabo un desalojo sin contar con una orden judicial legítima. Los hechos ocurrieron hoy aproximadamente a las 9 de la mañana en un local comercial que previamente albergaba el bar «Salamandra House», y que se encontraba en disputa entre su propietario y la arrendataria, una mujer identificada como Josefa «X».

La situación escaló cuando el dueño del inmueble, aparentemente desesperado por recuperar su propiedad, habría recurrido a la Fuerza Civil para llevar a cabo un lanzamiento sin contar con la debida autorización judicial. Los elementos policíacos ingresaron al inmueble rompiendo la puerta con un cincel. Esta acción generó una oleada de indignación y preocupación en la comunidad local, que cuestiona el abuso de poder y la violación flagrante del estado de derecho por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

Carnicería Sandy

En el lugar de los hechos, la mujer afectada, Josefa, relató que fue víctima de una experiencia traumática cuando un grupo de elementos de la Fuerza Civil, encabezados por un individuo identificado como Oscar Baños, irrumpieron en el inmueble. La situación tomó un giro aún más alarmante cuando fue sacada semidesnuda a la calle, pues se estaba bañando y sus pertenencias fueron saqueadas y arrojadas a la vía pública. Todo esto, según su testimonio, sucedió sin que mediara una orden judicial que respaldara la intervención.

La comunidad local ha expresado su repudio ante estos actos, exigiendo una investigación exhaustiva y justa sobre la conducta de los elementos de la Fuerza Civil involucrados en el desalojo. Se espera que las autoridades tomen medidas enérgicas para garantizar que actos de abuso de poder y violencia, como los denunciados por Josefa, no queden impunes.

En medio de esta controversia, la mujer afectada ha manifestado su intención de presentar una denuncia formal ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia por los hechos de violencia y los daños sufridos en su propiedad. Además, el caso ha generado una discusión más amplia sobre la responsabilidad y el comportamiento de las fuerzas de seguridad en el estado, y cómo se deben abordar situaciones de este tipo en el marco del respeto al estado de derecho y los derechos humanos.

Este incidente pone de manifiesto la importancia de una supervisión rigurosa y una rendición de cuentas efectiva en la Fuerza Civil, evitando que se vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos en aras de intereses particulares o beneficios económicos.

La comunidad de Tuxpan y más allá esperan que se haga justicia y que casos como este sirvan como llamado de atención para prevenir futuros abusos de poder por parte de las autoridades.