Lo que pasó en la UPAV no fue un error administrativo ni un descuido académico. Fue, según ya investiga la Fiscalía General del Estado de Veracruz, una operación que terminó convertida en botín.

Durante meses, alumnos pagaron puntualmente sus cuotas; asesores solidarios dejaron de cobrar desde mayo; las clases se suspendieron y los cuatrimestres quedaron en el aire. Desde fuera, parecía caos. Desde dentro, hoy sabemos, era algo peor.

La Fiscalía imputó y logró prisión preventiva contra Sergio “N”, Víctor de Jesús “N” y Frida Narayana “N”, señalados por peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias y ejercicio indebido del servicio público. No se trata de faltas menores: es la caída de lo que ya se describe como la “tríada” que operaba la UPAV.

Medios que han seguido de cerca el caso hablan de al menos 1.8 millones de pesos presuntamente desviados. Y esa cifra explica muchas cosas: explica por qué el dinero sí entraba por las cuotas, pero no llegaba a los maestros; explica por qué el sistema académico se paralizó; explica por qué las quejas estudiantiles se multiplicaron en todo el estado.

Piques Bar

Con ese contexto, el cambio exprés en la rectoría deja de ser “fortalecimiento educativo” y pasa a ser control de daños. No hubo informe público, no hubo entrega-recepción visible, no hubo explicación. Hubo silencio. Y cuando el silencio se impone así, es porque el problema ya rebasó el escritorio. La UPAV no es autónoma. Depende del Ejecutivo. Por eso el movimiento fue rápido y discreto: quitar al rostro visible, ganar tiempo y dejar que la Fiscalía avanzara por su cuenta. Pero cuando hay peculado, el expediente pesa y el tiempo ya no alcanza. La lección aquí es incómoda: la UPAV no colapsó por mala planeación; colapsó por un uso indebido del poder. Los estudiantes no exageraban; los asesores no mentían. El sistema estaba drenado.

¡Falta Tamiahua!

Si la UPAV es un caso que revela el riesgo de manejar instituciones educativas como si fueran botines políticos, Tamiahua es el ejemplo de que el problema se replica en los gobiernos municipales.

La noche del sábado 17 de enero, autoridades federales y estatales realizaron una intervención en un domicilio presuntamente vinculado a la exalcaldesa Guadalupe Rodríguez Torres y su pareja, Ernesto Lara. (forotamiahua.com)

En esa diligencia, que forma parte de una investigación en curso, se aseguraron:

• Seis chalecos antibalas (equipo de protección táctica de uso exclusivo)

• Dos tablas de castigo

• Vendas y cinta esparadrapo, insumos relacionados con prácticas de castigo o coerción física. 

Nadie fue detenido en el operativo, y el inmueble no quedó bajo resguardo oficial, pero el hallazgo no es menor. Chalecos antibalas, objetos de castigo y materiales médicos en una propiedad vinculada a exfuncionarios públicos refuerzan líneas de investigación sobre posibles irregularidades administrativas y patrimoniales detectadas sobre la pasada gestión municipal. 

Aunque la Fiscalía no ha emitido un comunicado detallando el propósito exacto del cateo ni si habrá nuevas órdenes judiciales, la presencia de este tipo de equipo en un contexto que debería ser civil y administrativo busca respuestas que van más allá de la política local tradicional.

Esto no es una simple curiosidad policiaca. Hablar de objetos de castigo y equipo táctico en una vivienda ligada a exautoridades lleva la cuestión a otro plano: más allá del desorden administrativo hay indicios que llaman a una investigación profunda.

El patrón es compatible

La crisis en la UPAV y los operativos recientes en Tamiahua no son capítulos aislados: son episodios de una misma dinámica de poder que explota fallas estructurales y pone en evidencia la gestión del dinero y de las instituciones públicas.

En la UPAV, estudiantes y maestros pagaron el costo mientras los responsables enfrentan procesos penales.
En Tamiahua, lo que se asegura en un inmueble ligado a exfuncionarios deja preguntas que nadie puede ignorar.

Y en ambos casos, la Fiscalía está ocupando espacios que la política aún intenta administrar silenciosamente.

En mi opinión, cuando la administración pública se usa como botín —sea en una universidad o en un ayuntamiento—, las consecuencias no se quedan en las aulas ni en las plazas municipales. Llegan a las carpetas de investigación, a las órdenes de cateo y, tarde o temprano, a la puerta de una celda.

Y esa es una lección que ningún gobierno puede permitirse ignorar.