Toman el sol, debiendo estar en la sombra

ALMA GRANDE

Por Ángel Álvaro Peña

Cuando un partido está tan estrechamente ligado al poder como el PRI, la disyuntiva entre castigar a sus militantes o dejarlos libres es un dilema que todavía no encuentra su espacio en el tricolor.

Si el PRI, convertido en gobierno a través de los funcionarios públicos responsables de procurar justicia encarcela a sus gobernadores corruptos, puede parecer justo, pero no leal a quienes desde sus filas se encaminan hacia puestos de elección popular.

Desde Mario Villanueva hasta Roberto Borge, los cuestionamientos a los gobiernos de Quintana Roo se convierten en tradición de la entidad, como una especie de usos y costumbres propias del estado.

Mario Villanueva, Andrés Garnier, César y Javier Duarte, Rodrigo Medina, Humberto Moreira, se convierten en mayoría frente a otros ex gobernadores que sin pertenecer al PRI incurren en actos ilícitos, como es el caso de Guillermo Padrés Elías, Fausto Vallejo, Marcelo Ebrard o Ángel Aguirre.

Los señalamientos sobre prácticas de corrupción se dirigen a los gobernadores de Quintana Roo, desde que cobra la categoría de estado y deja de ser territorio en 1975. Desde esa fecha siempre ha tenido gobernadores del PRI.

Es a partir del 25 de septiembre del presente año que Quintana Roo tiene un gobernador de partido diferente al PRI. Es decir, se trata de un bastión perdido electoralmente por el tricolor. De ahí que los focos rojos sobre la conducta de sus gobernadores estén encendidos y tenga ese partido en la mira a Roberto Borge para que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI lo expulse, tal y como lo hiciera con Javier Duarte de Ochoa en su momento, según declaración del presidente nacional, Enrique Ochoa Reza.

El 28 de julio, el consejero Armando Barajas presentó ante esa Comisión la solicitud de expulsar a los entonces gobernadores Roberto Borge, de Quintana Roo; César Duarte, de Chihuahua; y Javier Duarte, de Veracruz.

“Debemos también ser los priistas los primeros garantes en la rendición de cuentas y la transparencia en los gobiernos emanados del PRI; debemos hacer un ejercicio crítico y autocrítico, ése es el propósito de esta visita y en los meses por venir”, afirmó Ochoa Reza, pero esto lo hace porque el panista Carlos Joaquín González, presentó denuncias ante la PGR, contra el ex gobernador Roberto Borge Angulo, por la venta irregular de 9 mil 500 hectáreas de la reserva ecológica del estado.

La denuncia precisa que los predios distribuidos en Tulum, Cozumel y Benito Juárez, principalmente, fueron adquiridos por una empresa naviera vinculada a familiares y trabajadores del ex mandatario estatal.

Carlos Joaquín González, aseguró que el Instituto del Patrimonio Inmobiliario vendió casi 50% de las reservas territoriales del estado a gente cercana al ex mandatario Roberto Borge.

Aseguró: el gobierno está “haciendo la revisión de los avalúos para saber la venta de tierras, de lo que estamos hablando”; pero hasta el momento “no tengo un estimado del quebranto porque aún no se terminan los avalúos comerciales”.

Dijo que la Constitución del Estado de Quintana Roo señala que las reservas son para desarrollo social o desarrollo de vivienda, pero no habla de la venta a particulares. “Hablamos de un desvío y ya está la denuncia correspondiente”.

Lo cierto es que nunca antes los ex gobernadores, principalmente del PRI, porque su incursión en el mundo de la corrupción es proporcional al número de mandatarios estatales, habían mostrado de manera tan evidente el latrocinio de ellos y sus colaboradores, porque los montos y las acciones advierten complicidad y puentes hacia la impunidad.

El caso de Javier Duarte tal vez es el más relevante por el monto del quebranto que dejó en la ruina financiera a Veracruz. Ahora, el ex gobernador considera que tiene derecho a regresar a su puesto de gobernador por el cual solicitó licencia a través del Congreso local.

En el tema del regreso Duarte unificó a los veracruzanos, porque todos quieren que regrese, pero lo que se robó.

Pero Duarte vuelve a dejar mal a su alma máter la Universidad Iberoamericana, de gestación jesuita, desde el momento en que, como abogado formado en sus aulas, desconoce que una persona que es perseguida por la justicia, si bien es probable culpable, tiene sus derechos civiles pendiendo de un hilo.

Al huir de la justicia su presunta inocencia deja de serlo, o por lo menos se pone en duda ante las instancias legales. ¿Cómo regresar el poder a quién ha hecho mal uso de éste? ¿Cómo volver a colocar en un puesto público a una persona que llega a través de un partido político del que ya fue expulsado?

Lo absurdo vuelve a cobrar relevancia en este proceso protagonizado por Javier Duarte, a quien los veracruzanos quieren ver tras las rejas y en ese proceso hay una especie de retraso que invita a pensar que hay interesados en que viva en la impunidad el resto de sus días y no en la cárcel.

Hay otros casos como el de Rodrigo Medina de Nuevo León, quien es acusado de ejercicio indebido de funciones, y cuyo proceso puede terminar y dejarlo en la impunidad luego de que se mostraron varias deficiencias en las indagatorias y su correspondiente redacción.

Están pendientes otros señalamientos, otros procesos, acusaciones, juicios que no conducen a ninguna sentencia y sólo se vuelven indignación de los mexicanos.

Los excesos de los gobernadores, de todos los partidos, deben ser castigados, el fuero debe tener sus puntos débiles y debe hacerse justicia, con legalidad y apego al derecho, porque lo que hemos visto hasta el momento es un grupo de gobernadores que hacen lo que les viene en gana y gozan de total impunidad, y a los muy pocos que logran ser detenidos y sentenciados, se les encierra un par de años, lo cual no implica que purguen una condena ya que cuentan con celdas de lujo y tampoco que regresen un solo centavo de lo que se llevaron y no les pertenece.

Es decir, por un par de años en la cárcel pueden gozar de miles de millones de pesos que son tantos que bien vale la pena una temporada en la sombra.