No contestes… ¿en serio?

Por años hemos escuchado campañas oficiales que, bajo la lógica de la prevención, terminan simplificando problemas complejos. La más reciente —“no contestes llamadas de números desconocidos”— es un buen ejemplo.

La intención es correcta. La extorsión telefónica es un delito real, extendido y, en muchos casos, devastador. Pero el consejo, planteado como regla general, revela una desconexión preocupante con la vida cotidiana de millones de mexicanos.

Porque la pregunta es inevitable:

¿Quién puede darse el lujo de no contestar el teléfono?

En un país donde buena parte de la actividad económica depende del contacto directo —muchas veces improvisado— entre personas que no se conocen, las llamadas de números desconocidos no son una anomalía. Son la norma.

• El comerciante que vende en redes sociales no puede ignorarlas.
• El profesionista independiente tampoco.
• El técnico, el médico, el periodista, el prestador de servicios… todos dependen de ellas.

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Incluso en el ámbito doméstico, donde tradicionalmente se pensaría que este consejo podría tener mayor aplicación, la realidad ha cambiado. Hoy, muchas personas gestionan ingresos, compras, ventas o servicios desde su teléfono móvil. En ese contexto, el mensaje oficial no solo resulta limitado; puede ser contraproducente.

No porque sea incorrecto en términos absolutos, sino porque parte de una premisa discutible: que evitar la interacción elimina el riesgo. No lo hace. La extorsión telefónica no depende únicamente de que alguien conteste, depende, sobre todo, de que alguien confíe.

Ahí radica la diferencia fundamental. Contestar una llamada no implica necesariamente vulnerabilidad. Proporcionar información personal, ceder ante la presión o reaccionar al miedo, sí.

Reducir la prevención a un “no contestes” es, en el mejor de los casos, una simplificación excesiva; en el peor, una omisión de responsabilidad pedagógica por parte de la autoridad.

Una campaña más efectiva no apelaría a la evasión, sino a la educación:

• Responder con cautela.
• No confirmar datos.
• Interrumpir la llamada ante cualquier intento de intimidación.
• Verificar antes de actuar.
• Denunciar.

En mi opinión, Estas medidas no paralizan la comunicación ni afectan la actividad económica. Por el contrario, la fortalecen al hacerla más segura. Las políticas públicas, incluso en su forma más simple —una campaña—, deben partir de la realidad, no de la conveniencia, y la realidad es clara: en México, el teléfono no es un accesorio. Es una herramienta de trabajo.

Por eso, más que pedir a los ciudadanos que dejen de contestar, habría que enseñarles a no caer.

La diferencia no es menor. Es, en muchos casos, la diferencia entre una política simbólica y una verdaderamente útil.