ALMA GRANDE

Por Ángel Álvaro Peña

El desprestigio como castigo no es castigo para quienes se han enriquecido ilícitamente. Menos aún quienes con esos delitos garantizan la seguridad económica de sus familias por varias generaciones, en medio de una vida de lujos y dispendios.

Así, los funcionarios públicos que ahora son expulsados del Partido Revolucionario Institucional seguirán riéndose de los mexicanos y de sus estatutos al ver que la atención está puesta en esa desafortunada manera de hacer justicia en el partido que militan.

Por un lado, no les importa; por el otro el PRI debe ser más severo en sus señalamientos y contribuir a la reunión de pruebas o por lo menos ponerse públicamente, a las órdenes de las autoridades judiciales para coadyuvar a la sanción correspondiente.

Podríamos decir que tiene una obligación más que moral con las autoridades, porque para que el CEN del tricolor instruya a la Comisión Nacional de Justicia Partidista, debe contar con pruebas que justifiquen la expulsión.

Dichas pruebas no son reunidas de la noche a la mañana, y se inician desde una sospecha más o menos sólida, fecha a partir de la cual deben dar parte a una autoridad, porque en realidad estarán denunciando a personas que se sirvieron del propio partido para enriquecerse de manera personal.

Es decir, el PRI es el primer agraviado en las consecuencias de los delitos de los ex gobernadores corruptos y toda una lista extensa de funcionarios públicos que les ayudaron y secundaron para enriquecerse todos de manera ilícita.

Pero lejos de sentirse agraviado, el partido en el poder pareciera que busca los puentes hacia la impunidad de sus funcionarios corruptos. Prueba de ello son la serie de coartadas donde funcionarios con sospechas serias sobre su mala actuación en la administración de Javier Duarte se convirtieron en diputaciones federales, y locales.

Es decir, es el mismo PRI en el CEN que en el estado de Veracruz, sus respectivas cúpulas sabían de los delitos cometidos por personajes como Alberto Silva, Jorge Carvallo, Tarek Abdalá, convertidos en diputados federales y locales como Vicente Guillermo Benítez González, ahora convertido en legislador local, entre otros.

Así, el PRI se encuentra más cercano a la complicidad que a la denuncia, está más próximo del solapamiento que de la justica. Se identifica más con el delito que con la legalidad. Porque prefiere hacer de la expulsión de sus filas un hecho esporádico y aislado. Un ritual de poder y no un acto necesario de depuración.

Para el PRI es un hecho poco común denunciar a tiempo las fechorías de sus militantes y se limita a expulsarlos de sus filas. Lo mismo sucede con los juicios políticos, éstos están reservados en el mundo de la política para los militantes de otros partidos menos del tricolor.

Así, se ha vuelto costumbre que no aporte pruebas para contribuir a que se les sancione, ni denuncia puntualmente los motivos de las sospechas que conducen finalmente a la expulsión del partido de los maleantes.

Esta vez el PRI expulsó al ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, al ex delegado de la Secretaría de Economía en Veracruz, José Antonio Chara Mansur Beltrán y a Gabriel Deantes Ramos, Ex Secretario del Trabajo. Así como a Tomás Yarrington, ex Gobernador de Tamaulipas y le suspendió los derechos partidistas al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.

El CEN de ese partido explicó: “En los Procedimientos Sancionadores iniciados el 20 de septiembre último en contra de los militantes Arturo Bermúdez Zurita, José Antonio Chara Mansur Beltrán y Gabriel Deantes Ramos, por realizar conductas contrarias a los documentos básicos del Partido Revolucionario Institucional, y por falta de probidad durante el gobierno de Javier Duarte en el estado de Veracruz, se determinó su expulsión, al acreditarse que los señalamientos de corrupción en su contra y su actuar han generado un deterioro grave en la imagen de nuestro instituto político”.

Esto quiere decir que el castigo destinado originalmente para quienes hicieron mal uso de recursos económicos, materiales, humanos se reduce a una expulsión, cuando en realidad la sanción debe ser corporal, y de manera ejemplar, como sucede en otros países donde la corrupción de los servidores públicos es sancionada con más severidad que los delitos similares cometidos por delincuentes comunes.

El asesinato, el robo, el secuestro son delitos que se realizan a través de la agresión del victimario contra la víctima. Pero en un acto de corrupción no hay víctima. Las dos partes son ilícitas.

En México la corrupción prolifera porque tiene garantizada la impunidad. Así sucede con muchos de los servidores públicos, en todos los niveles de gobierno que ni siquiera se denuncian sus delitos.

El PRI suele darse baños de pureza y aprovechó el evento para advertir que no habrá tolerancia a actos de corrupción que dañen la imagen del partido al violar los objetivos básicos de la institución.

Aunque el PRI no tiene la obligación de compartir información con ningún organismo judicial, a menos que se haga con la orden de un juez, podría mostrar voluntad para erradicar en serio la corrupción de sus filas facilitando datos de manera puntual y precisa.

A pesar del quebranto que llevó a la quiebra la administración de Veracruz el ex gobernador está prófugo y no hay ningún funcionario de alto nivel encarcelado. Unos desaparecidos, otros prófugos, otros en la Cámara de Diputados local o federal. Repartidos de esa manera por las cúpulas del PRI, organismo que se encargó de que no haya castigo a los culpables, porque de empezar a deslindar responsabilidades se desconoce hasta dónde podrá llegar la acción de la justicia, en todo caso que ésta fuera legal y real en nuestro país… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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