Tuxpan, Ver.- ¿Te imaginas ir a Liverpool, disfrutar de tus compras y al salir con tu familia que los polimarinos esten revisando tu carro? ¿Y te imaginas que resulte ROBADO? Pues este es el caso de un ciudadano que dejó su automovil Mazda C3 estacionado en uno de los cajones que brinda esta exclusiva tienda.

Los polimarinos alegaban que a pesar de que al revisar en el sistema REPUVE las placas del automovil, la consulta arrojaba las características correctas del vehículo, algunos digitos del número de serie que está en el tablero mostraban alteraciones, por lo que le solicitaron al propietario que los dejara hacer una revisión más minuciosa.

Puertas y Portones Automáticos

El ciudadano manifestó que el automovil lo compró en la sección de semi nuevos de la Volkswagen Tuxpan Car -en el bulevar Maples Arce- por lo que se negaba a dejarlos hacer la revisión con el scanner -Si, te escanean el auto- pero al final accedió porque él estaba segurísimo de que su compra fue lícita.

Tras la revisión, resultó que efectivamente, el número de serie estaba alterado y el automovil tenía reporte de robo desde el 11 de enero del año 2015, incluso pudieron concer que al momento en que se robaron la unidad, el Mazda portaba la placa MRF7580 del Estado de México, por lo que tuvieron que ir los operadores de Grúas Tuxpan para resguardar el vehículo en el corralón de la ciudad, quedando a disposición de la Unidad Integral de Procuración de Justicia que se encuentra en el bulevar Maples Arce.

Fue así como -con mucha suerte- se retiró este ciudadano, pues a patín -como decimos los tuxpeños- a su casa, con la pena, ¿verdad? Sin embargo aseguró que buscaría asesoría legal para poder fincarle responsabilidades a Tuxpan Car, que le vendió un hermoso Mazda Blanco, ROBADO.

Y decimos que con mucha suerte, porque según información obtenida en la FGE, los polimarinos tuvieron que haber detenido a esta persona, por lo que podrían configurarles el delito de incumplimiento de un deber legal, pues según el Artículo 301 bis, comete el delito de incumplimiento de un deber legal el servidor público que sin causa justificada deje de cumplir con las funciones que le fueron conferidas, y se le impondrá de uno a seis años de prisión y multa de 20 a 100 días.