ALMA GRANDE

Por Ángel Álvaro Peña

Las expresiones de inconformidad por el aumento a las gasolinas pueden sumar a la población o tener su rechazo.

El fracaso de la reforma energética parece ser algo que no interesa a la clase política, simplemente les fallaron los cálculos y ahora hay que subir precios.

No se trata de impedir el paso a quienes, desde su condición humilde, retienen a los automovilistas, esta es una inconformidad generalizada en las calles donde todos los segmentos de la población del país se unen en una sola voz para repudiar un aumento a los precios de los combustibles y las tarifas de luz eléctrica que los funcionarios públicos de la actual administración prometieron que reducirían su precio.

Esta contradicción que provoca una revuelta social sin precedente, choca con la indiferencia de algunos políticos que lejos de analizar la situación de inconformidad de la población, extienden sus vacaciones para descansar del bullicio de las manifestaciones y las marchas.

Al pasar de la marcha callejera a las acciones, hay dos posturas que parecieran tener objetivos comunes, pero tienen resultados diferentes.

La primera de ellas es la toma de las casetas de cobro en todo el país, donde los manifestantes permitieron el libre tránsito a los automovilistas, arrojando pérdidas cuantiosas principalmente a los concesionarios que las construyeron y que, con el beneplácito de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y su titular Gerardo Ruiz Esparza, extienden el tiempo que pueden llevarse el dinero de los automovilistas a sus bolsillos a través de ampliaciones de los plazos de sus concesiones.

Desde luego que tienen a sus cobradores, los empleados de Caminos y Puentes Federales, quienes están al servicio de las constructoras, que se convierten en las grandes beneficiarias de los caminos de cuota que cada día son más y cobran cantidades extraordinarias por tramos carreteros cada vez más cortos.

Así, en las casetas de cobro los automovilistas no sólo tienen conciencia de las consecuencias del incremento en el precio de la gasolina, sino del latrocinio que representa el monto de las cuotas y la concesión de los caminos que deben ser de los mexicanos.

El Artículo 11 de la Carta Magna dice: “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”.

Es decir que, transitar por los caminos que construyeron particulares debe ser una acción gratuita, porque las obras de infraestructura son responsabilidad original del Estado y no de particulares. A menos que haya tanta obra que sea necesario someter a una selección de las constructoras privadas a escrutinio. Lo que hizo el gobierno de la república, fue cancelar las dependencias encargadas de hacer caminos y regalarles el peaje a los particulares, de quienes son socios o dueños los propios funcionarios públicos. Ahí está el ejemplo claro del titular de Comunicaciones y Transportes, quien es socio de varias constructoras que medran con el esfuerzo de los mexicanos cada vez que pagan una cuota.

Uno de los socios principales de la constructora que erigió el Circuito Mexiquense es el propio secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz, quien fue titular del ramo en el Estado de México, durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto. Es decir, se trata de un monopolio de las obras carreteras, donde se siguen las mismas prácticas, con los mismos proveedores, los mismos vicios, las concesiones de siempre y los clientes y comisiones acostumbradas.

Así, con la toma de las casetas de cobro, no sólo se aviva la protesta, sino que se muestra un acto de justicia ante la impunidad que gozan quienes son juez y parte en el gran negocio de las autopistas. Esto sin contar las comisiones, dádivas, propinas, que empresas como la española OHL le otorgó a la plana mayor de la administración pública a través de varios contratos millonarios.

Dejar pasar gratis en los caminos de cuota es parte del equilibrio en un país de desigualdades que convoca a la resistencia por decisiones gubernamentales injustas.

Otra de las acciones que la sociedad civil adopta para protestar contra el alza, aún injustificada de la gasolina y las tarifas de luz es el cierre de caminos. Actividad que no cuenta con el consenso de la población, porque si bien se llama la atención sobre una injusticia, proveniente de las altas esferas de la administración pública, también perjudica directamente a la población que debe ir a trabajar, a estudiar o simplemente a internarse en un hospital por alguna enfermedad o urgencia.

El cierre de caminos obstaculiza las propias acciones de resistencia y rechazo ante el alza de las gasolinas, porque los activistas deben coordinar algunos puntos clave en las protestas y ellos mismos ven impedido su acceso ante los cierres de caminos y puentes.

En los cierres, la protesta tiene sus propios detractores, aunque en el fondo estén de acuerdo; sin embargo, no son los métodos adecuados ni para crear equilibrios ni para sumar seguidores.

La presión masiva disminuye considerablemente cuando los cierres impiden las actividades diarias de una población que requiere de movilidad para sobrevivir. Es decir, si una protesta le impide la sobrevivencia a otra parte de la población, la protesta tiene a su vez, su propio rechazo, en lugar de contar con un mayor número de participantes.

Si desde el inicio de la protesta se beneficia a la gente, esta crecerá; pero si las medidas para protestar afectan a la población, la protesta se diluye y sólo es momentánea. Tal vez este sea el motivo por el cual ningún movimiento social se ha concretado en el país desde la Revolución Mexicana, porque motivos ha habido muchos y el alza de los energéticos tiene una muy buena causa, sólo falta encaminarla para que desde el inicio de la lucha, las acciones estén enfocadas en desgastar al contrincante y no a la población, tal y como sucede al dar vía libre a los automovilistas en las autopistas, que son negocios particulares y enriquecen a unos cuantos, mientras que la miseria crece entre la población.

No hay un mexicano que esté de acuerdo con las alzas, pero las acciones tomadas por la protesta desgastan el movimiento en lugar de fortalecerlo.

La inconformidad por el gasolinazo puede unificar a la población contra esta medida y otras muchas, siempre y cuando las protestas no se conviertan en parte del problema, sino en parte de una solución inmediata.

El descontrol que genera la inconformidad social, puede organizarse y convertirse en una fuerza política sin precedente en el país, pero también puede ser parte del caos, como sucede en Nicolás Romero, Naucalpan y Atizapán,  en el Estado de México, donde algunos infiltrados tratan de desvirtuar la protesta con saqueos a tiendas de conveniencia y asaltos a transeúntes.

Otra de las acciones que arroja este aumento a la gasolina, es que ahora a lo largo de esas mismas carreteras concesionadas hay venta clandestina de combustible, sobre todo en Guanajuato y San Luis Potosí donde incluso llega a haber desabasto.

La protesta al ser social debe ser cada día más precisa y contar con estrategias comunes que no dañe más a los afectados, sino a los verdugos instalados en un gobierno que parece empezar a tambalearse ante la multiplicación de la inconformidad. Despertó el México bronco como decía don Jesús Reyes Heroles… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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