El 5 de agosto de 2010, los integrantes del Comisariado Ejidal de Alto Lucero, municipio de Tuxpan, fueron notificados de que había quedado sin efectos el antiguo decreto mediante el cual una parte de sus terrenos fue expropiada para construir el cuartel del 15.º Batallón de Infantería.
La determinación fue consecuencia de un juicio de amparo promovido por los representantes del núcleo agrario, quienes argumentaron que en el procedimiento original no se respetó debidamente su garantía de audiencia.
El origen del conflicto
La expropiación se remontaba a un decreto presidencial expedido el 22 de octubre de 1971 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 1973.
Mediante ese instrumento, el Gobierno federal expropió al ejido Alto Lucero una superficie de 6 hectáreas, 78 áreas y 7.80 centiáreas, a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El decreto estableció que el terreno sería utilizado para construir el cuartel del 15.º Batallón de Infantería. La dependencia federal cubrió entonces una indemnización por la superficie ocupada.
Décadas más tarde, los integrantes del Comisariado Ejidal promovieron un juicio de amparo al considerar que la expropiación se había realizado sin respetar plenamente su derecho a ser escuchados.
La justicia ordenó reponer el procedimiento
El caso quedó registrado como juicio de garantías 413/2007 ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz.
El 13 de noviembre de 2009, el juzgado concedió el amparo al núcleo agrario de Alto Lucero y ordenó dejar sin efectos el decreto original, además de reponer el procedimiento expropiatorio.
Las autoridades federales impugnaron la sentencia, pero el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito confirmó la resolución el 22 de abril de 2010.
Para cumplir lo ordenado por la justicia federal, el 9 de julio de 2010 quedó sin efecto el decreto de expropiación emitido casi cuatro décadas antes.
Esa decisión fue comunicada formalmente a los integrantes del Comisariado Ejidal mediante un escrito fechado el 5 de agosto de 2010.
La tierra no fue devuelta inmediatamente
La anulación del decreto no significó la devolución automática del terreno ni el retiro de las instalaciones militares.
La sentencia obligó al Gobierno federal a comenzar nuevamente el procedimiento, notificar correctamente al ejido y garantizar su derecho de audiencia. También ordenó que cualquier indemnización posterior tomara en cuenta la cantidad que la Secretaría de la Defensa Nacional había pagado anteriormente.
El procedimiento fue repuesto y el 19 de julio de 2012 se publicó un nuevo decreto de expropiación sobre la misma superficie. El nuevo avalúo estableció una indemnización de 55 millones 602 mil 396 pesos, a la cual debía descontarse el pago realizado con anterioridad.
¿Dónde entra el 39.º Batallón?
Los decretos de expropiación de 1971 y 2012 mencionan expresamente al 15.º Batallón de Infantería. Sin embargo, documentos federales posteriores identifican ese mismo inmueble de Alto Lucero como sede del 39.º Batallón de Infantería.
En 2016, el Diario Oficial de la Federación registró el inmueble denominado “39 Batallón de Infantería”, ubicado en el kilómetro 1.5 de la carretera libre Tuxpan–Tampico, con una superficie de 67 mil 807.80 metros cuadrados.
La coincidencia exacta de la superficie permite establecer que se trata del mismo predio expropiado al ejido Alto Lucero. La documentación consultada no precisa cuándo ni mediante qué disposición militar las instalaciones dejaron de estar destinadas al 15.º Batallón y pasaron a ser ocupadas por el 39.º.
Una resolución histórica para Alto Lucero
El acontecimiento del 5 de agosto de 2010 no consistió en el retiro de un batallón ni en la entrega definitiva del terreno. Lo que se notificó fue la anulación del antiguo decreto por una irregularidad en el procedimiento.
La fecha representa un antecedente importante para la historia agraria de Tuxpan, pues después de casi 40 años los ejidatarios consiguieron que la justicia federal reconociera que no se había respetado debidamente su garantía de audiencia.
El Gobierno volvió a realizar la expropiación, pero tuvo que reponer el procedimiento, escuchar al núcleo agrario y calcular una nueva indemnización.
Fuentes: Decreto de expropiación publicado en 2012 y registro federal del inmueble del 39.º Batallón publicado en 2016.
