
El 3 de agosto de 1914, cuando Tuxpan era capital provisional del estado de Veracruz, el general Cándido Aguilar Vargas expidió desde este puerto un histórico decreto para poner freno a los abusos cometidos en la compraventa y arrendamiento de terrenos petroleros.
La disposición, firmada también por el secretario general de Gobierno, Heriberto Jara, representó uno de los primeros esfuerzos de la Revolución Mexicana por recuperar el control sobre la riqueza petrolera y limitar el enorme poder adquirido por las compañías extranjeras.
La riqueza se iba; los propietarios recibían muy poco
A principios del siglo XX, el norte de Veracruz vivía el auge de la explotación petrolera. Empresas estadounidenses y británicas adquirían o arrendaban grandes extensiones de tierra en Tuxpan, la Huasteca y otras regiones cercanas.
El negocio generaba fortunas, pero los beneficios rara vez llegaban a los propietarios originales de los terrenos. Muchos campesinos habían firmado contratos sin conocer el verdadero valor de sus tierras o bajo condiciones totalmente desventajosas.
El decreto de Cándido Aguilar reconocía abiertamente esta situación. Señalaba que una gran parte de los terrenos petroleros había sido vendida o arrendada de manera desastrosa para sus dueños, mientras los mayores beneficios quedaban en manos de las empresas y de los intermediarios que participaban en las operaciones.
Algunos contratos eran tan desequilibrados que el propio documento los describía como “leoninos”.
El gobierno tendría que autorizar los contratos
Para impedir que continuara el despojo, Aguilar estableció que cualquier operación relacionada con terrenos petroleros tendría que recibir previamente la autorización del Gobierno del Estado.
La medida comprendía contratos de:
- Arrendamiento.
- Venta o enajenación.
- Cesión de derechos.
- Hipoteca.
- Cualquier otro tipo de gravamen.
La disposición era aplicable a terrenos ubicados en los cantones de Ozuluama, Tuxpan, Tantoyuca, Chicontepec, Misantla y Minatitlán, las principales regiones petroleras de Veracruz en aquella época.
Sin la autorización gubernamental, los contratos no tendrían validez ni podrían ser inscritos legalmente. Además, quienes intentaran realizar operaciones clandestinas se exponían al decomiso de los terrenos involucrados.
Tuxpan, centro político de Veracruz
El decreto pudo ser expedido en Tuxpan porque, desde el 20 de junio de 1914, el puerto había sido declarado residencia provisional de los Poderes del Estado.
En medio de la lucha contra el régimen de Victoriano Huerta, Cándido Aguilar fue nombrado gobernador y comandante militar de Veracruz por Venustiano Carranza. Debido a su ubicación estratégica y al control constitucionalista sobre la zona norte, eligió Tuxpan para establecer temporalmente su gobierno.
Durante ese periodo, el Palacio Municipal tuxpeño funcionó como Palacio de Gobierno. Desde ahí, Aguilar y Heriberto Jara comenzaron a emitir decretos con los que pretendían llevar los ideales revolucionarios a las leyes.
El documento petrolero terminó con una frase que dejó inscrito el nombre de la ciudad en la historia nacional:
“Dado en el Palacio de Tuxpan, Ver., a los 3 días del mes de agosto de 1914”.
Un antecedente del artículo 27 constitucional
El decreto todavía no declaró que el petróleo perteneciera a la nación ni ordenó la expropiación de las compañías. Su alcance inmediato fue controlar los contratos sobre las tierras donde se encontraba esta riqueza.
Sin embargo, su importancia histórica es mucho mayor.
La disposición cuestionó el dominio alcanzado por las empresas extranjeras y defendió el derecho del Estado mexicano a intervenir en la explotación de sus recursos naturales. Fue una de las primeras señales de la política petrolera nacionalista que tomó forma durante la Revolución.
Tres años después, el artículo 27 de la Constitución de 1917 establecería el dominio directo de la nación sobre el petróleo y los demás recursos del subsuelo. En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas llevaría esa defensa a su punto culminante con la expropiación petrolera.
Por eso, el decreto de Cándido Aguilar debe entenderse como un antecedente de ese largo proceso, aunque no puede confundirse con una nacionalización o una expropiación.
Una decisión tomada desde Tuxpan
El 3 de agosto de 1914, Tuxpan no fue un simple escenario. Desde este puerto se emitió una disposición que desafió los intereses de poderosas compañías extranjeras y defendió a los propietarios que habían sido perjudicados por contratos abusivos.
Cándido Aguilar entendió que la Revolución no podía limitarse a ganar batallas. También debía recuperar el control sobre la tierra, el petróleo y las riquezas nacionales.
Aquel decreto no resolvió de inmediato todos los abusos de la industria petrolera, pero dejó clara una idea que años después quedaría plasmada en la Constitución: las riquezas del subsuelo no podían quedar únicamente al servicio de intereses extranjeros.
Así, desde el Palacio de Gobierno instalado provisionalmente en Tuxpan, comenzó a escribirse uno de los primeros capítulos de la defensa moderna del petróleo mexicano.
EFEMÉRIDES DE LA SEMANA DEL 30/11 AL 06/12














