GOBIERNO FEDERAL GOLPEA A EMPRESAS QUE INVIERTEN EN TUXPAN

A las empresas que manejan terminales de almacenamiento por donde llegan importaciones de combustibles, principalmente diésel y gasolina, el Gobierno Federal a través de la Comisión Reguladora de Energía les asestó un fuerte golpe a sus actividades al clausurar tres terminales, entre ellas una ubicada en el puerto de Tuxpan, Veracruz.

El lunes 13 de septiembre la CRE clausuró operaciones en la terminal de Monterra Energy, en Tuxpan propiedad del fondo estadounidense KKR; en dicha terminal importan su producto a través de barcos de empresas como Total, Repsol y Marathon, las cuales operan estaciones de servicio en el país.

Fuentes del sector energético afirmaron que sin pruebas contundentes se busca vincular a estas empresas con combustible ilícito y con estos actos el gobierno quiere volver al monopolio de las gasolinas.

Nuestro puerto de Tuxpan es el punto de entrada del 80% de las gasolinas que se consumen en nuestro país.

Mizu Multiservicios

Las inversiones de estas empresas en terminales de almacenamiento en el rubro de operación suman 1,500.000.00 millones de dólares.

Anteriormente en un operativo de personal de la Comisión Reguladora de Energía acompañado por efectivos de la Guardia Nacional realizaron una inspección a otra de las terminales privadas que operan en Tuxpan, Invex utilizada por la empresa Trafigura.

En dicha terminal se les impidió la descarga y además procedió a la clausura de un barco con bandera extranjera por no contar con un permiso que se solicita exclusivamente a embarcaciones nacionales colocándole el correspondiente sello, pero el capitán de la embarcación se apegó a la legislación internacional, la cual lo habilito para poder hacer la maniobra de descarga de gasolina.

Notaria 10

Después de finalizada la operación de descarga la Secretaria Reguladora de Energía, notificó a la empresa Trafigura la cancelación de sus 5 permisos de importación de combustibles, como diésel, turbosina y gasolina de diferentes octanajes, aduciendo que hacen negocios con empresas que no cuentan con permisos bajo las leyes mexicanas.

Estas prácticas de revocación de permisos o cierre de instalaciones se han vuelto discrecionales, debido a que se considera que si no se cumplen con las normas oficiales mexicanas se cancelan, pero los criterios no se definen y por cualquier situación se puede generar un incumplimiento, y al cerrar terminales o cancelar permisos provoca que los consumidores no tengan otras oportunidades de suministro, lo que prácticamente implicaría devolver a Pemex el control del mercado.