FGR confirma cateo en Gas Jebla, Tuxpan; aseguran gas LP y detienen a una persona
Tuxpan, Veracruz.— La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó oficialmente el cateo realizado en instalaciones de Gas Jebla, en el municipio de Tuxpan, donde fue detenida una persona y asegurado gas LP presuntamente comercializado de manera irregular.
De acuerdo con el comunicado FGR DPE/2002/2026, la diligencia fue autorizada por un juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz, como parte de investigaciones federales relacionadas con posibles delitos en materia de hidrocarburos.
Durante el operativo, las autoridades aseguraron un tanque de almacenamiento con aproximadamente 950 litros de gas L.P., acoplado a un medidor conectado mediante tubos metálicos, además de dinero en efectivo, una impresora térmica, tickets de venta y el inmueble, donde presuntamente se realizaba la venta ilícita del energético.
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En la intervención fue detenido un hombre, cuya identidad no fue revelada, quedando a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que determinará su situación jurídica dentro del plazo constitucional.
El cateo fue ejecutado por elementos de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con peritos del Centro Federal Pericial Forense, ambos de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal, quienes mantuvieron la seguridad perimetral.
La FGR detalló que tanto el tanque de almacenamiento como el medidor quedaron bajo resguardo del personal de la Defensa dentro del inmueble intervenido, mientras continúan las investigaciones.
Este operativo corresponde a la movilización que horas antes generó expectación entre habitantes de la zona norte de Tuxpan, donde se observó un fuerte despliegue de fuerzas federales en la planta gasera sin que inicialmente se revelaran detalles.
La Fiscalía recordó que la persona detenida se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por autoridad judicial competente.
Con esta acción, la autoridad federal refuerza el combate contra la comercialización ilegal de combustibles, una actividad que además de constituir un delito, representa un riesgo para la seguridad de la población.
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