Tuxpan, Veracruz | La Fiscalía Regional de la Zona Norte del Estado de Veracruz se encuentra envuelta en un escándalo de corrupción que ha dejado a la ciudadanía estupefacta y desconfiada de su capacidad para impartir justicia. Bajo el mando del Lic. Juan Alberto Rivera Hernández, se han multiplicado los señalamientos que apuntan hacia una actuación sesgada y en favor de sus intereses personales y económicos, en detrimento de los derechos de los ciudadanos afectados por delitos.

Estos problemas no son nuevos para Rivera Hernández, quien previamente enfrentó acusaciones de obstruir investigaciones en la región sur del estado, y al parecer, ha continuado con esta conducta en la zona norte desde su llegada en julio de 2022. Sus críticos afirman que ha otorgado trato preferencial a casos que le son convenientes, instruyendo a sus fiscales a no dar seguimiento a investigaciones en curso.

La Morsa

Un ejemplo alarmante de esta supuesta parcialidad se encuentra en la falta de acción respecto a las denuncias presentadas contra grúas piratas y corralones clandestinos en las localidades de Tuxpan, Álamo, Tantoyuca y Pánuco. A pesar de que el Gobernador ha instado a aplicar la ley y los reglamentos pertinentes en materia de transporte público, Rivera Hernández parece hacer caso omiso de las directrices gubernamentales y del artículo 272 Bis del Código Penal del Estado de Veracruz, que establece claramente la acción legal que debe emprenderse contra quienes operen servicios de transporte público sin las concesiones o permisos necesarios.

Incluso el Secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, ha instruido a sus directores para que solo las empresas registradas en el padrón de la Secretaría de Seguridad Pública puedan ofrecer estos servicios a la ciudadanía en general, en un intento por garantizar la seguridad y la legalidad en el transporte público de grúas.

Sin embargo, lo más alarmante es el retraso y aparente negligencia en casos específicos. Uno de ellos es la carpeta de investigación TXP/DVI/F4/045/2022, presentada en febrero de 2022, que permanece en el limbo sin resolverse. Además, la denuncia por negligencia médica realizada por la Sra. Lidia García hace ya siete años tampoco ha recibido una resolución adecuada. Estas situaciones plantean serias dudas acerca de la eficacia y la integridad de la Fiscalía Regional de Tuxpan.

Ante esta situación, la población de la región norte del Estado de Veracruz clama por la destitución de Juan Alberto Rivera Hernández y por una reforma profunda en la institución, con el objetivo de garantizar la justicia pronta y expedita que los ciudadanos merecen. Este 13 de octubre, los ciudadanos han hecho llegar sus preocupaciones a la Fiscal General del Estado, exigiendo una intervención inmediata.

En mi opinión, la corrupción en la Fiscalía Regional de la Zona Norte de Veracruz sigue siendo un obstáculo para la justicia, y es evidente que personajes como Juan Alberto Rivera Hernández están haciendo un daño significativo, no solo a la institución sino también a la ciudadanía veracruzana en su conjunto. La necesidad de una acción decidida y transparente se hace más evidente que nunca.

Grúas Tuxpam