El 6 de enero a la 1 de la tarde con 25 minutos, la administración 2022-2025 que presidió Guadalupe Rodríguez Torres difundió un comunicado asegurando que no existió negativa para realizar la entrega-recepción y que incluso exediles y su comité acudieron al Congreso del Estado para “esclarecer el proceso”.
Pero mientras la saliente habla de acercamientos adecuados, el Concejo Municipal —el que sí fue nombrado oficialmente el 31 de diciembre de 2025 por el Congreso y entró en funciones el 1° de enero de 2026 a las 00:01 horas— sostiene lo contrario: que el Cabildo anterior ignoró los oficios de integración del Comité de Recepción, que no compareció el 1° de enero, y que no existe acta firmada que valide el protocolo en términos de ley.
La Gaceta Oficial del Estado, publicada el miércoles 31 de diciembre de 2025, es el único documento que acredita un hecho indiscutible: el nombramiento e instalación del Concejo Municipal, con vigencia a partir del 1° de enero de 2026. Lo demás, hasta el momento, no pasa de ser un intento de control de daños mediático.
Lo que dice la ley vs. lo que dice “Doña Lupe”
El Concejo lo explica sin rodeos: el protocolo de entrega-recepción debe hacerse el 1° de enero, en tiempo, forma y ante autoridad competente, con formatos oficiales y acta firmada. No hay margen para prórrogas, ni para procesos “cuando les abran la puerta”. Si no se hizo ese día, no se hizo como lo marca la ley.
Y ahí es donde entra lo más incómodo del asunto: en su propio comunicado, la exalcaldesa reconoce que su comité y el extesorero estuvieron afuera del Palacio Municipal el 2 de enero esperando ser recibidos, con documentación y computadoras cargadas con el sistema del predial, sin que les permitieran entrar.
El problema no es que no los dejaran pasar el día dos; el problema es que no se presentaron el día uno, que era cuando tenían que hacerlo, y que el equipo de cómputo y la documentación no estaban dentro del edificio cuando arrancó la nueva administración, como lo señaló la propia diputada local Citlali Medellín Careaga.
La declaración que encendió la mecha
En un video difundido en redes, la legisladora fue clara y hasta mordaz:
“Dentro de los estados financieros que la señora presenta, tiene una partida de más de un millón y medio de pesos para pago de abogados. Y yo le pregunto: o sus abogados son muy pendejos -eso entendí- o ese dinero lo usó para otra cosa”.
También precisó que capturaron la publicación y la enviaron a notario, remarcó los tiempos de ley, y soltó la frase que resume el sentir de muchos en la región:
“Esto no es cuando se le hinche el ovario izquierdo. Hay una ley. Estudien. Asesórense. Y por si faltara: ustedes tenían prohibido sacar cualquier documentación y computadoras del Ayuntamiento”.
Además reconoció que, al no existir equipo de cómputo en el Palacio cuando arrancaron funciones, el Concejo tuvo que entrar a poner en marcha las operaciones para no dejar tirado el servicio público.
¿Y no hay delito por sacar documentos y computadoras del edificio?
La recepción de documentación en el Congreso no convalida una entrega-recepción formal, ni autoriza por sí misma el retiro de bienes públicos del Palacio Municipal.
Sobre la posible sustracción de documentos y equipo de cómputo, hasta ahora lo que existe es un conflicto público documentado y una presunción periodística basada en dichos verificables, no una carpeta de investigación ni sentencia judicial firme.
Eso sí: el retiro no autorizado de bienes públicos durante un proceso de transición fallido podría derivar en responsabilidades administrativas o penales si la autoridad investigadora lo acredita, especialmente si se prueba daño al servicio público o al patrimonio municipal. Pero no hay (aún) una determinación oficial que lo declare delito consumado.
El choque de realidades
Del lado del Concejo hay:
- Nombramiento oficial
- Comparecencia el 1° de enero
- Argumento legal sólido
- Operación de servicios en marcha
Del lado del gobierno anterior hay:
- Excusas fuera de tiempo
- Reclamos impresos en la puerta
- Fotografías del Congreso
- Y un relato que no coincide con la ley
Así que en mi humilde opinión: El Concejo administra. La exalcaldesa fantasea. Y fantasear no es entregar. En el periodismo de Veracruz Norte diríamos: “No es versión contra versión. Es papel contra cuentos, contra las fantasías de Guadalupe Rodríguez” Y el papel, por ahora, le da la razón al Concejo.
