CEAPP: una institución necesaria que no debe cargar sola con las fallas de la seguridad pública
La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) ha sido objeto de críticas a lo largo de los años. Algunas justificadas, otras derivadas de la frustración que provoca ejercer el periodismo en uno de los estados más peligrosos del país para la libertad de expresión. Sin embargo, en medio del debate es importante distinguir con claridad cuáles son las responsabilidades de la Comisión y cuáles corresponden a otras instituciones.
La CEAPP nació para atender, acompañar y proteger a periodistas en situación de riesgo. Su función principal es evaluar amenazas, emitir medidas de protección, brindar asesoría jurídica, apoyo psicológico, acompañamiento institucional y coordinar acciones con las dependencias encargadas de la seguridad pública. Lo que la Comisión no tiene es una policía propia, patrullas, escoltas armados o facultades para ejecutar directamente las medidas que emite.
En otras palabras, la CEAPP puede ordenar, gestionar y solicitar protección, pero depende de que otras autoridades cumplan con las acciones correspondientes.
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Un ejemplo reciente permite entender esta diferencia.
Durante el velorio de un comunicador asesinado en Poza Rica, periodistas que se encontraban en el lugar reportaron a través del sistema SeguriChat la presencia de un individuo que, según señalaron, permanecía observándolos y tomando fotografías de manera sospechosa. En el grupo se compartieron imágenes del sujeto, la ubicación aproximada y la solicitud expresa de apoyo policial.
Las capturas de pantalla muestran que el reporte fue recibido. También muestran que se informó de inmediato a la corporación correspondiente y que personal de la CEAPP dio seguimiento al caso.
La patrulla nunca llegó. Si la solicitud fue canalizada correctamente, pero la respuesta operativa no llegó o resultó insuficiente, la discusión ya no corresponde a la CEAPP sino a las instituciones responsables de brindar seguridad en campo.
Carlos Leonardo Ramírez fue asesinado el 8 de enero de 2026; después desaparecieron Wendy Arantxa Portilla y Karime Monserrat Murrieta tras acudir al funeral el 10 de enero. A pesar del reporte no hubo acompañamiento de la Policía Estatal. Además, se reportó que Ramírez había recibido medidas de CEAPP en 2024 por amenazas atribuidas a policías municipales.
Por eso opino que hay otro problema más grave: la confianza.
Porque una cosa es que la CEAPP gestione medidas de protección y otra muy distinta es que esas medidas terminen en manos de una corporación policiaca en la que muchos periodistas y ciudadanos no confían.
¿Quién confía en un policía estatal? ¿Quién confía en su jefe? ¿Quién confía en el jefe del jefe de ese policía?
Cuando un periodista amenazado entrega su ubicación, sus rutinas, sus datos personales y sus reportes de riesgo, también queda expuesto ante la cadena de mando que supuestamente debe protegerlo. Y ahí surge una preocupación legítima: ¿quién garantiza que esa información no será filtrada, mal utilizada o entregada a los mismos grupos de los que el periodista necesita protegerse?
Por eso el problema no es solamente operativo. Es institucional.
La protección a periodistas no puede depender únicamente de una corporación cuestionada, señalada y, en algunos casos, investigada por vínculos con delitos graves. Si el mecanismo de protección descansa en una policía que no genera confianza, entonces el mecanismo nace debilitado.
La CEAPP es necesaria. Pero necesita algo más que protocolos: necesita que las medidas que emite sean cumplidas por instituciones confiables, supervisadas y obligadas a rendir cuentas.
Ese es precisamente uno de los mayores desafíos del mecanismo de protección en Veracruz. Con frecuencia se juzga a la Comisión por resultados que en realidad dependen de otras dependencias. Cuando una patrulla no llega, cuando un rondín no se realiza o cuando una medida de protección no se ejecuta adecuadamente, la falla se encuentra en la cadena de cumplimiento y no necesariamente en el organismo que activó el protocolo.
Por supuesto, la CEAPP no es una institución perfecta. Como cualquier organismo público puede mejorar procesos, fortalecer mecanismos de seguimiento y exigir con mayor firmeza el cumplimiento de las medidas emitidas. Pero también es cierto que miles de periodistas veracruzanos han encontrado en ella asesoría, acompañamiento y una vía institucional para denunciar amenazas que de otra forma quedarían sin atención.
Desaparecerla o debilitarla no resolvería los problemas de seguridad que enfrenta el gremio. Por el contrario, dejaría a los periodistas con menos herramientas para solicitar protección y documentar riesgos.
En mi opinión la verdadera discusión debería centrarse en cómo fortalecer el mecanismo. Quizá ha llegado el momento de analizar reformas que permitan una supervisión más estricta del cumplimiento de las medidas de protección, establecer responsabilidades claras para las corporaciones encargadas de ejecutarlas e incluso valorar esquemas que otorguen mayor capacidad operativa a los mecanismos de protección.
Los periodistas de Veracruz necesitan una CEAPP fuerte, profesional y con capacidad de gestión. Y también necesitan que las instituciones encargadas de la seguridad pública respondan cuando se activa una alerta.
