ALMA GRANDE

Por Ángel Álvaro Peña 

• El complemento propio de un sistema de gobierno que se basa en la relación permanente entre gobernados y gobernantes, en México cobra un sentido muy diferente.

La democracia representativa dejó de representar a nadie desde hace mucho tiempo, de tal suerte que lo que puede apreciarse en las calles es el pleito cotidiano de gobernados contra gobernantes.

Los diputados y senadores de la república, quienes aprobaron el presupuesto del presente año y abrieron las puertas para que el gasolinazo  existiera, se protegen del alza que provocaron aumentando los energéticos.

En el caso de los diputados la partida para vales de gasolina en este 2017 aumentó. El año pasado pagó 7 millones 768 mil 621.04 pesos y para este año gastará por el mismo concepto 9 millones 354 mil 159.59 pesos.

Es decir, la Partida 3 de Suministro de Vales de Gasolina, se adjudica al licitante: Efectivale, S. de R.L. de C.V. por un monto de 9 millones 321 mil 720 pesos con cargo administrativo de 0.30% que es de 27 mil 965.16 más el IVA del cargo administrativo de cuatro mil 474.43 haciendo un monto total de 9 millones 354 mil 159.59 pesos”, destaca el fallo de la licitación pública nacional para adquirir los vales para 2017.

Estos vales impresos en papel tienen cobertura nacional y son expedidos con la condicionante de que únicamente pueda ser utilizado como medio de pago, sin posibilidad de cambiar por efectivo.

En cuanto a los senadores el año pasado se gastaron 5 millones 367 mil 200 pesos, más 858 mil 752 pesos por el IVA, en tarjetas electrónicas de gasolina de amplia cobertura que le surtió la empresa EDENRED México, S.A. de C.V.

Al menos los senadores de la Mesa Directiva gozan de una tarjeta de vales de gasolina de 10 mil pesos mensuales.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, reveló a los medios que cuenta mensualmente con una cantidad que oscila entre 10 mil y 15 mil pesos mensuales para la compra de gasolina.

El senador príista Emilio Gamboa Patrón, en su calidad de coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, sugirió a los mexicanos una mayor austeridad para no padecer los embates del alza a de las gasolinas.

Los senadores priistas no se gastarían esas cantidades en gasolina aunque fueran ruleteros, nunca pugnaron por la reducción de sus vales sino por el incremento de su valor para que el alza a las gasolinas, que ellos ya veían venir, no les afecte y de ser posible, obtengan ganancias de este desastre económico de los mexicanos.

A pesar de estas expresiones de cinismo, los legisladores mexicanos, diputados y senadores del PRI, hicieron público su respaldo al ajuste al precio de la gasolina, pues, advirtieron, que el subsidio del combustible este año hubiera sido de 200 mil millones de pesos, el doble del presupuesto anual de la Secretaría de Desarrollo Social o el equivalente al presupuesto del IMSS.

Pero para eso están en ese puesto, para darle solución inteligente a los conflictos, no para dejarlos pasar como si se tratara de fenómenos naturales contra los que nada puede hacerse para evitar sus consecuencias.

Por ejemplo, el coordinador de los diputados del PRI y ex presidente nacional del tricolor, César Camacho, declaró que la medida del gobierno federal es dolorosa pero inevitable, pues de no haberse aplicado hubiera desaparecido el programa Prospera, todas las campañas de vacunación, no habría cómo sufragar los apoyos económicos a productores agrícolas ni habría recursos para construir carreteras o el mantenimiento de caminos.

Cuando el programa Prospera es su herramienta de triunfos electorales; las campañas de vacunación un negocio de la Secretaría de Salud con los laboratorios farmacéuticos internacionales, los apoyos a la actividad agrícola prácticamente no existen, desde que Estados Unidos les prohibió a los gobernantes mexicanos subsidiar al campo.

Pero en el discurso de Camacho se mostró todavía más cinismo al decir que si la gasolina no hubiera subido no habría recursos para construir carreteras, cuando sabemos que ahora estos caminos no comunican a los mexicanos sino que arrojan ganancias a los encargados de licitar las obras y a las constructoras que son beneficiadas por décadas con el dinero del peaje.

Ahí están las corruptelas entre los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la empresa constructora española, OHL.

César Camacho también argumentó que si no se incrementa el precio de la gasolina no habría dinero para el mantenimiento de caminos, actividad que está en manos de la iniciativa privada desde hace años, fundamentalmente a cargo de constructoras consentidas de los funcionarios de la actual administración.

Así, Camacho hace alarde de cinismo al decir “Estamos conscientes porque fuimos nosotros (los legisladores) quienes aprobamos el paquete económico, el paquete de ingresos y egresos que el gobierno federal no recibirá más por concepto de IEPS, la cantidad prevista es recaudar 4.1 por ciento menos que el año pasado en términos reales”.

En seis meses habrá elecciones para renovar gobernadores en el Estado de México, Coahuila y Nayarit. Hasta hace poco tiempo los pronósticos arrojaban un solo estado para el PRI: Nayarit. Ahora, ni siquiera esa entidad se prevé como bastión tricolor en las elecciones de junio.

Las medidas antipopulares adoptadas por los priístas repercuten en los votos de castigo. El problema es que este tipo de voto se hace de manera visceral y sin reflexionar sobre la mejor propuesta de gobierno sino simplemente contra quien quieren castigar con la derrota electoral.

Este es el problema que ha evitado que haya alternancia con posibilidades de mejorar, porque en México cuando gana un partido diferente al PRI, triunfa por la emisión del voto de castigo y no por la convicción de que debe triunfar el que tenga un mejor proyecto para solucionar los problemas del país, de ahí que después regrese el PRI con mayor fuerza a gobernar como sucedió ahora con la llegada de la actual administración luego de dos sexenios del PAN en la Presidencia de la República.

Los legisladores del PRI -salvo algunas excepciones-, del Verde y del PAN, mostraron una gran falta de sensibilidad hace un mes al aprobarse lo que pudo haber sido el bono secreto, donde se otorgaban 150 mil pesos sujetos a facturas para cada uno de ellos.

Las excepciones entre los diputados que no recibieron el bono secreto fueron siete diputados federales de Hidalgo, seis del PRI y uno del PVEM, más la ex gobernadora de Yucatán y actual legisladora priista Ivonne Ortega, quienes anunciaron que renunciaron a su “bono navideño”.

Además, se informó que 36 legisladores de Morena rechazaron el bono, 23 de Movimiento Ciudadano, un independiente (Manuel Clouthier), dos del PRD (Waldo Fernández y Agustín Basave), y uno del PAN, Javier Bolaños.

En ese momento nunca se les ocurrió hablar de austeridad, sino que se precipitaron en asegurar que el pueblo de México se los había otorgado, cuando en realidad nunca tienen contacto con sus representados una vez que terminan las campañas.

Los legisladores no representan a nadie más que a sus intereses personales, se trata de una gavilla de delincuentes que cuando les conviene aseguran que interpretan el pensamiento de sus representados al otorgarles el bono y cuando no, pues simplemente les dan órdenes para que no sufran tanto el incremento de los precios de los productos básicos.

Diputados y senadores, principalmente del PRI y del Partido Verde, han mostrado su falta de sensibilidad política, pero sobre todo su ambición de servirse del poder sin que haya fuerza humana que pueda hacer justicia… Esta columna se publica todos los lunes, miércoles y viernes.

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