En una decisión que marca un hito en el caso de Rogelio Franco Castán, su equipo jurídico ha conseguido por tercera ocasión dejar sin efecto la vinculación a proceso por los delitos de peculado equiparado y ejercicio indebido del servicio público. Esta victoria legal se logró gracias a un amparo concedido por un juez federal, quien consideró que los argumentos presentados por el juez de control y la fiscalía estatal eran vagos, imprecisos, incongruentes, irrazonables, ineficientes y abiertamente inconstitucionales.

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El juez federal sostuvo que tanto la imputación como el acto reclamado se desviaban de las finalidades del derecho penal, en específico la de «procurar que el culpable no quede impune», como establece el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Federal. Según el juez, las manifestaciones tanto del órgano acusador como de la responsable se presentaron con el objetivo de mantener a Rogelio Franco Castán vinculado a proceso a cualquier costo, a pesar de que no se actualizaba ninguno de los delitos que se le atribuyen.

Es importante destacar que el imputado ya gozaba de libertad en este proceso, dado que se había dejado sin efecto la prisión preventiva justificada. Esta nueva resolución judicial refuerza su posición y marca un revés significativo para la fiscalía y el juez de control estatales, quienes han intentado en varias ocasiones vincularlo a proceso sin éxito.

El caso de Rogelio Franco Castán ha sido objeto de atención mediática debido a su trayectoria política y a las acusaciones en su contra. A pesar de los esfuerzos de la fiscalía, su equipo legal ha logrado mantenerlo fuera de un proceso judicial efectivo, alegando la falta de fundamentos sólidos en su contra.

Se espera que esta última decisión genere debate y críticas sobre el sistema de justicia penal, así como sobre la actuación de las autoridades del estado de Veracruz encargadas de llevar a cabo la investigación y presentar cargos en este caso en particular. Mientras tanto, Rogelio Franco Castán continúa sin enfrentar un juicio formal por los delitos que se le imputan, lo que alimenta la incertidumbre en torno a su situación legal y su posible responsabilidad en los cargos mencionados.