Una curul vacía y una Ley ignorada
«Donde la Ley habla, el gobernante calla», dice una máxima jurídica que rara vez parece tener eco en la política veracruzana. El caso de la diputación local por el distrito de Tuxpan es un buen ejemplo.
Este 2025, el distrito tuxpeño se ha quedado sin representación legislativa. ¿La razón? El diputado electo, Daniel Cortina Martínez, decidió —con legitimidad electoral, sí, pero también con apresuramiento político— abandonar la curul para asumir la alcaldía de Tuxpan. Su suplente, Citlali Medellín Careaga, optó por hacer lo mismo, pero en Tamiahua. Ambos ganaron en las urnas; ambos dejaron vacía la representación legislativa de su distrito.
La ley, sin embargo, no es ambigua. El artículo 33 de la Constitución Política de Veracruz establece que “cuando por cualquier causa falten definitivamente un diputado propietario y su suplente, y reste más de un año para la siguiente elección ordinaria, se convocará a elecciones extraordinarias”. No es una sugerencia ni un gesto de cortesía institucional; es una obligación.
Ante ello, la gobernadora Rocío Nahle declaró este 16 de junio que “si la ley lo marca, habrá elecciones extraordinarias”. Un pronunciamiento que, aunque suena institucional, revela más dudas que certezas. ¿De verdad hay que esperar a que alguien lea la ley para saber lo que debe hacerse?
Más desconcertante aún es la postura de Esteban Bautista Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local. Con la displicencia que caracteriza a quienes confunden la ley con la comodidad política, declaró que no pasa nada si el distrito de Tuxpan se queda sin diputado. “No afecta a la mayoría calificada”, justificó. Como si la representación popular fuera un lujo que puede suspenderse a conveniencia de los grupos parlamentarios.
La ausencia de esa diputación puede parecer menor para quienes sólo piensan en el tablero de votos legislativos. Pero es una falta grave a los tuxpeños, que hoy están pagando impuestos sin voz en el Congreso. Es el equivalente democrático de cobrar la entrada sin ofrecer el espectáculo.
El Organismo Público Local Electoral, por su parte, aún no ha sido convocado formalmente. La gobernadora sugiere que podría brindarse apoyo operativo, siempre que haya presupuesto. Porque en México, incluso cumplir con la ley depende del margen financiero y no de la obligación constitucional.
Así, en Veracruz —como en tantos otros rincones del país— las leyes se respetan sólo si son útiles al momento. Y cuando no lo son, se les guarda en un cajón, junto a otras promesas de campaña.
Pero la pregunta de fondo sigue ahí: ¿hasta cuándo los ciudadanos tendrán que esperar a que los gobernantes decidan obedecer la ley?
