Si no saben gobernar, al menos que sepan rendir cuentas: llega el Concejo a Tamiahua
En un giro político sin precedentes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró la nulidad de la elección municipal de Tamiahua, donde el pasado 1 de junio la candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Citlali Medellín Careaga, había resultado ganadora. La decisión se basa en que la campaña excedió en más de 63 % el tope de gastos permitido por ley, con un presunto dolo al ocultar gastos no reportados, lo que generó una ventaja electoral injusta que afectó la equidad en el proceso -según ellos-.
Como consecuencia, el Congreso del Estado de Veracruz tendrá que nombrar a los integrantes de un Concejo Municipal que asuma las funciones del Ayuntamiento de Tamiahua mientras se organiza una elección extraordinaria, la cual deberá celebrarse en los próximos meses bajo la coordinación del Organismo Público Local Electoral (OPLE).
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Este escenario coloca al municipio en una situación excepcional: no habrá toma de protesta de la alcaldesa electa el 31 de diciembre, y el Concejo designado deberá garantizar la gobernabilidad, administrar los recursos públicos y, sobre todo, abrir las puertas a una profunda revisión del manejo del erario y de la administración saliente (2022-2025).
Sin perdón ni impunidad
La población de Tamiahua ha sufrido un trienio marcado por irregularidades administrativas, obras inconclusas, deudas con proveedores y escándalos como la ocupación ilegal de la Posada Margarita por policías estatales bajo órdenes municipales, denunciado ampliamente en medios y redes. Aunado a esto, se han reportado adeudos laborales y pagos pendientes, lo que motivó inclusive que la próxima presidenta municipal, Citlali Medellín Careaga, exhortara a los ciudadanos y proveedores a exigir la liquidación inmediata de compromisos pendientes de la administración saliente.
Si bien la determinación del TEPJF responde a un asunto técnico-electoral (gasto de campaña), el nombramiento del Concejo Municipal debe implicar algo más profundo que mera continuidad administrativa: debe abrirse una investigación integral contra la gestión de Guadalupe Rodríguez Torres y su círculo cercano, incluyendo a quien fungió como figura influyente en el gobierno municipal, Ernesto Lara Ramos, ante posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales por el manejo de recursos públicos, contratos, bienes públicos y decisiones administrativas irregulares.
¿Por qué es urgente la acción estatal y federal?
La justicia debe ser pareja: mientras en Veracruz en general se han documentado casos donde periodistas son perseguidos o vinculados a proceso por ejercer su labor informativa, como en el caso de Rafael León Segovia, acusado por “llegar antes que las autoridades” a sucesos de alto impacto, las autoridades parecen mostrar tolerancia y laxitud ante gobernantes que no saben administrar, no rinden cuentas ni respetan la ley.
La decisión del Tribunal Electoral no exime a ninguna autoridad de responsabilidades adicionales:
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El Concejo Municipal entrante debe garantizar transparencia y auditoría pública.
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La Fiscalía General del Estado de Veracruz y la Contraloría Estatal tienen la obligación de investigar y sancionar cualquier conducta irregular o ilícita que haya afectado al municipio, sin importar cargos, relaciones personales o afinidades políticas.
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La gobernadora Rocío Nahle García debe intervenir desde el ámbito de sus facultades para asegurar que no se repitan prácticas de opacidad, desorden administrativo ni favoritismos en Tamiahua, y que la justicia no se aplique solo a quienes no tienen poder político.
No se trata de venganza política, sino de rendición de cuentas, transparencia y reparación de daños. La ciudadanía no debe tolerar que funcionarios —que manejarán recursos públicos— se escuden en tecnicismos cuando queda claro que el pueblo merece respeto, legalidad y servicio, no abuso ni abandono.
En mi opinión, mientras Tamiahua se prepara para un nuevo proceso electoral extraordinario y para la instalación de un Concejo que conduzca los destinos del municipio, queda la firme exigencia de que esta crisis no sea solo una página más en el historial político regional, sino un punto de inflexión hacia la legalidad y la justicia para todos.
