Reforma contra el nepotismo: el caso Monroy en Tuxpan bajo la lupa
Por años, la política municipal en México ha operado bajo reglas no escritas: relevos familiares, herencias de poder y apellidos que se reciclan elección tras elección. La reciente reforma constitucional impulsada por la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo busca, al menos en el papel, poner un alto a esa práctica.
Pero cuando la teoría baja al terreno local, la realidad se vuelve más matizada. Tuxpan es un buen ejemplo: El caso de una familia en dos administraciones.
En el municipio, Gonzalo Monroy, forma parte del Cabildo en funciones, es el Regidor Sexto. En la administración anterior, la regiduría tercera estuvo ocupada por su hija, Marianela Monroy. ¿Hay ilegalidad? No. ¿Entraría en conflicto con la nueva reforma? Tampoco… al menos no en este momento. Lo que sí cambia con la reforma: Gracias a la modificación al artículo 115 constitucional que introduce un candado claro, no podrá competir por un cargo municipal quien tenga parentesco con la persona que actualmente lo ocupa.
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Además, ese vínculo se extiende hasta tres años hacia atrás. Esto significa que el problema no es haber ocupado cargos en momentos distintos, sino intentar sucederse de manera directa o inmediata.
¿El esquema Monroy se podría repetir?
Aquí está el punto clave. El caso de padre después de hija, como ocurrió en Tuxpan, sí podría volver a suceder, pero con condiciones:
- No puede ser inmediato si uno está en funciones
- Debe respetarse el margen de tres años
- No puede haber una “entrega directa” del cargo
En otras palabras: La reforma no elimina las familias en la política… pero sí les corta la continuidad automática.
En Veracruz esta reforma no mueve el tablero completo, porque hay otro detalle que ha pasado casi desapercibido: La reforma establece que los ayuntamientos podrán tener hasta quince regidurías. Pero en Veracruz ningún municipio supera actualmente ese número, es decir, en ese aspecto, la reforma no cambia nada en la práctica local.
En mi opinión el caso Monroy ilustra bien el alcance real de la reforma: No sanciona el pasado, tampoco impide la participación de familiares, pero sí busca frenar el “relevo automático” que por años ha sido costumbre en municipios como Tuxpan, donde los vínculos familiares han sido parte del tejido político, el impacto será más de forma que de fondo.
Porque al final, la pregunta no es si desaparecerán los apellidos… sino si cambiará la manera en que se turnan el poder. El apellido Monroy no viola la nueva regla, porque la ley no es retroactiva, pero bajo el nuevo marco, repetir la fórmula sin pausas ni distancia política ya no sería posible. O sea que en las próximas elecciones, esta familia no podrá estar en el cabildo Tuxpeño.
Y es que en la política local, donde los tiempos lo son todo, eso —aunque parezca menor— puede cambiar más de lo que muchos creen.
