En Tamiahua, Veracruz, esta semana murieron dos personas. Una fue víctima de una agresión física; la otra, de un mar sin vigilancia. En ambos casos, las víctimas pudieron haberse salvado. No lo fueron. No por falta de recursos, sino por ausencia de voluntad política y por una corrupción institucional que hoy se disfraza de campaña.

Ninguna de las tres ambulancias municipales a cargo del DIF llegó a tiempo. No porque estuvieran descompuestas, sino porque sus operadores —junto con el personal del Ayuntamiento y de Protección Civil— estaban cumpliendo otra misión: apoyar las actividades proselitistas de la candidata oficialista, impuesta por el concubino de la alcaldesa. Mientras los cuerpos agonizaban, el aparato municipal andaba en mitin.

En Tamiahua ya no hay servicio de emergencia, hay operadores de campaña. Ya no hay estado de derecho, sino sumisión a una consigna electoral. El mensaje de la presidenta municipal no puede ser más claro ni más vulgar: a quien no respalde a su candidata, literalmente “que chingue a su madre”, como ella misma escribió en la red de comunicación interna del Ayuntamiento.

El Gran Salón

Es una tragedia, pero también es un crimen. Y no es la primera vez que la negligencia mata en este municipio. Lo que cambia es la desfachatez con la que se asume. La política local se ha convertido en una camarilla de intereses familiares que opera con recursos públicos y desprecio por la vida humana. Aquí, la ambulancia no llega si no eres voto seguro.

Uno esperaría que tras dos muertes evitables hubiera por lo menos una disculpa, una renuncia o una investigación. Pero no. Lo único que hay es silencio, amenazas veladas, y una campaña más activa que los servicios de emergencia. En Tamiahua, el Estado ha sido sustituido por el capricho de una pareja. La alcaldesa gobierna con insultos, su pareja impone candidaturas, y la ciudadanía sobrevive —o no— según el calendario electoral.

En mi opinión, no es falta de recursos, ni de infraestructura. Es negligencia. Es abandono deliberado. Y es, en los hechos, un delito. Estas dos muertes no fueron accidentes: fueron producto de una decisión política. Una decisión de ignorar a la gente, de priorizar la continuidad del poder sobre la función pública. De mandar a “chingar a su madre” al pueblo, para decirlo en palabras de la propia alcaldesa.

En Tamiahua no hay gobierno. Solo hay propaganda. Y cadáveres.