En medio de un escándalo de corrupción que ha sacudido al municipio de Tamiahua, Veracruz, la Presidenta Municipal, Guadalupe Rodríguez Torres, y su concubino, quien también se desempeña como presidente del DIF municipal, Ernesto Lara Ramos, se encuentran bajo intensa observación tras señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La ASF ha revelado un presunto daño patrimonial por 152.8 millones de pesos en varios municipios de Veracruz, donde el mal uso de fondos federales, específicamente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF) y de participaciones federales, ha sido objeto de una investigación exhaustiva.
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Tamiahua, junto con otros municipios como Medellín de Bravo y Papantla, ha sido uno de los focos principales de estas observaciones, con un total de 11.6 millones de pesos en señalamientos por irregularidades en el uso de los fondos.
En el caso de Tamiahua, la auditoría ha destacado la ausencia de un sistema de control interno adecuado para prevenir riesgos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos del fondo. Además, se ha señalado la falta de transparencia en la gestión de estos recursos, así como la incapacidad para demostrar su uso eficiente.
Esta situación ha puesto en el ojo del huracán a la Presidenta Municipal Guadalupe Rodríguez Torres y a su pareja, Ernesto Lara Ramos, quien ostenta el cargo de presidente del DIF municipal. Ambos están siendo investigados para determinar posibles responsabilidades administrativas por el manejo de los fondos públicos.
El informe de la ASF también destaca la falta de registros contables y presupuestales en el caso de Medellín de Bravo, así como pagos de sueldos y salarios con fondos de participaciones federales sin validar su conformidad con la normativa.
Ante estas acusaciones, la población de Tamiahua exige una investigación exhaustiva y transparente, así como sanciones ejemplares en caso de encontrar culpabilidad. La corrupción en la administración pública es un problema que socava la confianza ciudadana y debe ser combatido con firmeza para garantizar el bienestar y el desarrollo de la comunidad.
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