El 20 de diciembre de 2018 quedó marcado como una fecha controvertida en la historia laboral reciente de Tuxpan, luego de que trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunciaron haber sido obligados a firmar su renuncia para poder salir de las oficinas de la dependencia federal ubicadas en este municipio.
De acuerdo con los testimonios de los propios empleados, ese día personal enviado desde oficinas centrales notificó a decenas de trabajadores que serían dados de baja como parte de una reestructuración administrativa a nivel nacional. Sin embargo, el procedimiento utilizado generó indignación y alarma: a los empleados se les pidió entregar gafetes, firmar cartas de renuncia “voluntaria” y permanecer dentro del edificio hasta concluir el trámite.
“O firmas, o no sales”
Trabajadores señalaron que las puertas del inmueble permanecieron cerradas y que no se les permitió retirarse si no firmaban su renuncia, situación que fue interpretada como un acto de coacción y privación de la libertad. Algunos empleados, visiblemente angustiados, pidieron auxilio desde el interior del edificio y manifestaron que se encontraban bajo presión psicológica.
La mayoría de los afectados contaba con antigüedades que iban de diez a más de treinta años de servicio, lo que incrementó la preocupación ante la posible pérdida de derechos laborales, liquidaciones y prestaciones acumuladas durante décadas.
Resistencia y protesta
Ante la situación, varios trabajadores se negaron a firmar, optando por permanecer dentro de las oficinas como medida de protesta. Exigieron la presencia de autoridades laborales y de derechos humanos, así como garantías de que cualquier separación del cargo se realizara conforme a la ley y no mediante presiones.
Horas después, el conflicto trascendió a la vía pública, donde familiares y compañeros expresaron su respaldo a los empleados retenidos. La tensión se mantuvo durante gran parte del día, hasta que algunos trabajadores lograron salir, mientras otros aceptaron firmar bajo protesta.
Un caso que trascendió a nivel federal
Lo ocurrido en Tuxpan no fue un hecho aislado. Formó parte de una serie de denuncias similares registradas en distintas oficinas del SAT en Veracruz y otras entidades del país durante ese mismo periodo, en el contexto de recortes y ajustes administrativos al inicio del nuevo gobierno federal.
En los días posteriores, ex trabajadores del SAT en Tuxpan realizaron manifestaciones para exigir liquidaciones conforme a derecho, pago de prestaciones pendientes y el reconocimiento de que las renuncias no fueron realmente voluntarias.
Memoria y precedente
A siete años de distancia, el 20 de diciembre de 2018 permanece como una efeméride local incómoda, recordada por los trabajadores y la comunidad tuxpeña como un episodio que evidenció la vulnerabilidad laboral incluso dentro de instituciones federales, así como la necesidad de que los procesos administrativos respeten la dignidad y los derechos de las personas.
Este hecho sigue siendo citado como un precedente en la historia laboral de Tuxpan, donde la defensa de los derechos de los trabajadores se colocó, al menos por un día, en el centro del debate público.
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