En el México que emergía de la Revolución, la tierra dejó de ser un privilegio para convertirse en derecho. El 20 de abril de 1934, mediante Resolución Presidencial, se concretó uno de esos actos que transformaron la vida rural del país: la dotación de tierras para la conformación del ejido “Alto Lucero”, con una superficie de 420 hectáreas, 50 áreas y 25 centiáreas.
No fue un hecho aislado. Formó parte de una política nacional que buscaba corregir décadas —incluso siglos— de concentración de la tierra en pocas manos. Tras la Revolución Mexicana, el reparto agrario se convirtió en uno de los pilares del nuevo Estado, una herramienta para dar sustento, identidad y justicia a miles de campesinos.
En ese contexto, la creación del ejido Alto Lucero representa mucho más que una delimitación territorial. Es el inicio de una comunidad organizada en torno al trabajo de la tierra, donde las parcelas no solo significaban producción agrícola, sino también arraigo, dignidad y pertenencia.
Para las familias beneficiadas, aquella resolución marcó un antes y un después. La tierra otorgada no solo ofrecía la posibilidad de sembrar, sino de construir un futuro. Era el acceso a un patrimonio colectivo, protegido por la ley, que garantizaba el sustento de generaciones enteras.
El dato técnico —420-50-25 hectáreas— puede parecer frío, pero detrás de esa cifra hay historias de lucha, de espera y de esperanza. Porque cada hectárea repartida en aquellos años llevaba consigo el peso de una promesa revolucionaria: que el campo mexicano sería, por fin, de quienes lo trabajan.
A casi un siglo de distancia, el 20 de abril de 1934 nos recuerda una etapa clave en la historia agraria del país y su impacto en comunidades como las de la región. Un proceso que, con sus aciertos y desafíos, definió el rostro rural de México durante el siglo XX.
Porque en lugares como Alto Lucero, la historia no se escribió en tinta… se sembró en la tierra.
