El doce de enero de mil novecientos noventa y uno, la Secretaría de Marina-Armada de México emitió las directivas oficiales de la Operación Naval Arpe 01/91, un despliegue concebido para reforzar la seguridad física de instalaciones estratégicas en los litorales nacionales, con énfasis en la infraestructura energética del Golfo de México, el Pacífico y el Mar Caribe, ante la potencial amenaza de sabotaje derivada del conflicto del Golfo Pérsico.
Aunque la central termoeléctrica Adolfo López Mateos no figura como objetivo individual en el capítulo de Arpe, el documento establece que la operación se diseñó para proteger la infraestructura estratégica del litoral del Golfo con operación las veinticuatro horas, lo que incluía vigilancia marítimo-portuaria y control de embarcaciones ajenas a las actividades petroleras en las jurisdicciones navales del país.
La lógica de defensa preventiva consideró que cualquier intento de incursión hacia la zona de Tampico podía pasar por Tuxpan, aprovechando el corredor que une ambos puertos y buscando controlar la franja petrolera intermedia. Bajo esa hipótesis, se determinó la necesidad de prever la defensa de la Laguna de Tamiahua, paso interior obligado entre Tuxpan y Tampico, mediante la colocación de minas, estacadas y obstáculos marítimos, en coordinación inmediata con el Ejército y bajo custodia de las fuerzas navales y aéreas de la Armada Nacional.
Décadas antes, la Secretaría de Marina había impulsado la modernización de la infraestructura portuaria tuxpeña, destacando en 1962 la revisión de la superestructura del Estero de Cobos, la limpieza del estero de Tampamachoco, y el aprovechamiento de pedreras de la Cantera La Guadalupe para la construcción de escolleras, además del inicio del muelle de cabotaje y la conclusión del muelle fiscal en Tuxpan.
A la distancia, Arpe 01/91 representa una lección clara: la seguridad energética del Golfo no es un concepto abstracto, sino un despliegue territorial concreto, donde Tuxpan y su laguna vecina figuraron en la planeación nacional como accesos que debían vigilarse, inspeccionarse y, llegado el caso, obstaculizarse para proteger la soberanía del país.
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