El 12 de diciembre de 1932, una fecha profundamente simbólica para el catolicismo mexicano por la celebración de la Virgen de Guadalupe, quedó registrada en la memoria histórica del puerto como el día en que la parroquia de Tuxpan fue cerrada por disposición de la autoridad municipal, encabezada entonces por el presidente municipal Lázaro Vargas.

El hecho no puede entenderse como un acto aislado ni como una decisión meramente local. Se inscribe en un periodo de fuerte tensión entre el Estado mexicano y la Iglesia, heredero directo de las políticas anticlericales emanadas de la Revolución y endurecidas durante los años posteriores a la Guerra Cristera.

Un país aún marcado por el conflicto religioso

Aunque la Guerra Cristera había concluido formalmente en 1929, para 1932 las leyes anticlericales seguían aplicándose con rigor en diversas regiones del país. Los gobiernos estatales y municipales conservaban amplias facultades para regular, restringir o suspender el culto religioso, particularmente en estados como Veracruz, donde la línea oficial fue especialmente estricta.

En ese contexto, el cierre de templos —temporal o prolongado— se convirtió en una herramienta política y administrativa utilizada para reafirmar la autoridad civil frente a la Iglesia.

El caso de Tuxpan

De acuerdo con crónicas históricas locales, el 12 de diciembre de 1932 la parroquia de Tuxpan fue cerrada por órdenes de la autoridad municipal, siendo Lázaro Vargas el presidente municipal en funciones. La coincidencia de la medida con la principal festividad guadalupana no pasó desapercibida para la población, profundamente arraigada a sus tradiciones religiosas.

Para los fieles tuxpeños, el cierre representó una interrupción abrupta de la vida espiritual y comunitaria, pues la parroquia no solo era un espacio de culto, sino también un punto de reunión social y simbólica en el corazón del puerto.

Autoridad local y disposiciones superiores

Los registros históricos sugieren que Lázaro Vargas no actuó de manera autónoma, sino como ejecutor local de disposiciones estatales y federales. En aquellos años, los ayuntamientos estaban obligados a acatar lineamientos que limitaban el número de sacerdotes, regulaban los servicios religiosos y, en casos específicos, ordenaban el cierre de templos.

Así, la clausura de la parroquia de Tuxpan debe entenderse como parte de una política pública nacional, aplicada con mayor severidad en algunas regiones del país.

Un episodio que perdura en la memoria

Aunque hasta hoy no se ha localizado públicamente el decreto municipal o el acta de Cabildo correspondiente, la reiteración del hecho en crónicas tuxpeñas y su plena coherencia con el contexto histórico nacional le otorgan solidez como efeméride local.

El cierre de la parroquia en 1932 recuerda que la historia de Tuxpan también estuvo atravesada por conflictos ideológicos, decisiones políticas difíciles y momentos de fractura social, cuyos efectos se sintieron en la vida cotidiana de sus habitantes.

A más de nueve décadas de distancia, este episodio invita a reflexionar sobre la relación entre el poder civil y las creencias populares, así como sobre la capacidad de la comunidad tuxpeña para preservar su identidad y su memoria histórica, incluso en los periodos más complejos de su pasado.

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