Duarte, camino a la impunidad

ALMA GRANDE

Por Ángel Álvaro Peña

El procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, luego de varios días en el cargo, en medio de momentos difíciles para el país no ha hecho nada notorio, pareciera desconocer los casos que la gran mayoría de los mexicanos conocemos y no se da cuenta de la urgencia que existe de actuar contra los funcionarios corruptos.

El procurador pareciera tomarse su tiempo para informarse de algo que como legislador debió estar enterado y como abogado muy bien informado.

Sin embargo, en asuntos como el caso de los funcionarios públicos corruptos en Veracruz, se toma su tiempo como si hubiera mucho que pensarle para aplicar la ley.

Pareciera verse desencantado ante la imposibilidad de convertirse en fiscal por nueve años, luego de que tanto propios como extraños exigieron que se mostrara primero como un procurador eficaz para luego ver si se convierte en uno de los posibles para ser fiscal.

Ante esta frustración que seguramente redundará en su mal desempeño del cargo, pareciera no tener interés en su trabajo. Si a esto sumamos el hecho de que también se le frustró su ingreso al poder judicial, vemos a un abogado que deambula por los pasillos de la administración pública como si no tuviera urgentes temas pendientes que resolver.

El caso Veracruz debió resolverse antes de que tomara posesión el nuevo gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, quien llega a gobernar sin apoyos legales ante un estado en quiebra.

Lo único que pudo verse como un remedo de justicia fue la entrega de un cheque por 250 millones de pesos, de los 421 millones de pesos recuperados del erario público de Veracruz, a Clementina Guerrero García, secretaria de Finanzas del estado.

Esta acción ni siquiera puede llamarse burla, porque las autoridades contaron con dos testimonios de prestanombres de Duarte, Juan José Janeiro y Moisés Mansur, a éste último, lo buscaron en Canadá, para recoger su declaración.

Lo que crea rumores y especulaciones es la falta de información porque los discursos no son materia jurídica y en ellos se habla de avances que no se reflejan en el proceso legal contra los culpables.

Parecería que entre varios de los delincuentes bajo el cobijo del fuero o del compadrazgo, juntaron un poco de lo mucho que se robaron, para entretener a la opinión pública.

Lo cierto es que queda mal parado el procurador, Raúl Cervantes Andrade, quien es señalado de negociar en lo oscurito con estos delincuentes.

Por si fuera poco, los saqueadores de la economía veracruzana tendrán la posibilidad de pagar un poco de lo que se robaron en abonos chiquitos, según informó el propio procurador General dela República, con lo que se pierde toda esperanza de que se haga justicia en este país.

El Procurador explicó que debido a que los delitos patrimoniales fueron cometidos sin violencia y gracias al Sistema de Justicia Penal Acusatorio recientemente instaurado en nuestro país, se logró un acuerdo reparatorio con dos personas morales involucradas con las empresas que sirvieron como fachada al gobernador con licencia, Javier Duarte, para realizar el desvío de fondos. De esta manera, el resto de los 171 millones de pesos que faltan de entregar, serán depositados mediante cuotas mensuales de 14 millones de pesos más intereses legales durante todo 2017.

El procurador General de la República ha sido vinculado como asesor de otro de los ex gobernadores acusados de dañar el patrimonio de sus paisanos como es el caso de César Duarte, en Chihuahua.

Este es un panorama desolador para el nuevo gobernador que pudiera correr la misma suerte que Jaime Calderón Rodríguez El Bronco, cuando trató de someter a la acción de la justicia a su antecesor, Rodrigo Medina, y simplemente fue detenido el proceso por fuerzas tan oscuras como importantes dentro de la política nacional.

Ahora, en lugar de que hubiera encontrado un Veracruz limpio de delincuentes, el nuevo gobernador tiene un panorama gris, donde muchos de ellos están protegidos por el fuero de las legislaturas locales o federales, ante quienes no sólo no puede hacer nada, sino que tienen injerencia en su gobierno como representantes populares.

Esta guerra de intereses no sólo retrasa las posibilidades de que Miguel Ángel Yunespueda resolver de la mejor manera posible y con rapidez el problema, sino que obstaculiza la aplicación de la justicia en Veracruz.

Pero los afectados por los robos de los cómplices de Duarte no son sólo los veracruzanos sino todos los mexicanos, ya que se llevaron a los bolsillos dinero del erario federal, recursos que llegaban, incluso en calidad de urgentes a la entidad, fueron robados, otra no puede ser la palabra, por quienes ahora gozan del dinero y sólo regresan menos del diezmo para hacer creer a los veracruzanos y a los mexicanos que hay justicia en el país.

Esto quiere decir, que el propio Yunes no puede ir más allá de donde la justicia, entendida de manera especial por Raúl Cervantes, lo diga. A pesar de que el mismo Yunes Linares, contribuyó a deslindar responsabilidades y señalar culpables.

Las promesas de campaña se van a diluir con la intención de que el partido que representa Yunes Linares no vuelva a ocupar el poder en Veracruz, como si los veracruzanos fueran desmemoriados o faltos de dignidad.

El quebranto a Veracruz parece encaminarse hacia la impunidad total. Todos habíamos escuchado las palabras del comisionado de Seguridad Nacional, Renato Sales Heredia, quien había declarado que Javier Duarte de Ochoa estaba ubicado. Se pensó, entonces que sólo se esperaba a que el fuero que le cubría las espaldas terminara para ser detenido. El fuero tiene más de cinco días de haber terminado y esas palabras del comisionado, quien también se perfila para ocupar la Fiscalía General de la República, parecen ser sólo demagogia.

El castigo a los culpables del quebranto a Veracruz tiene más posibilidades de permanecer en la impunidad que de hacerse justicia y lo comprueba esta burla que ofende a todos los mexicanos de una devolución de 250 millones de pesos que no es siquiera lo que les arrebataron a los jubilados.

El resto lo pagarán en abonos hasta completar en total 421 millones de pesos.

De ahí el perdón y luego el olvido. Esperemos estar equivocados.

*** El flamante contralor general de Veracruz, Guillermo Moreno Chazarini, indicó que se contrataron 15 despachos privados para iniciar la auditoría a las 32 dependencias del Gobierno Estatal, con lo cual obtendrán información sobre el estado real de las finanzas de todas y cada una de las secretarías del gobierno para aceptar las cuentas o bien levantar las actas penales que correspondan a las anomalías encontradas. Deberán empezar por la contraloría interna de SEDARPA, cuyas oficinas tienen más de 15 días cerradas por falta de pago de la renta, situación que es interpretada como la búsqueda de impunidad del anterior contralor, Ricardo García Guzmán y el ex titular de la dependencia Ramón Ferrari Pardiño, por las supuestas irregularidades que se sabe existen en esos archivos… Esta columna se publica lunes, miércoles y viernes.

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