Culpables acusan a inocentes

ALMA GRANDE

Por Ángel Álvaro Peña

• A río revuelto ganancia de pescadores, parece ser el lema de quienes escudados en la impunidad lanzan al banquillo de los acusados a quienes nada deben.

Por un lado, están quienes protegidos por algún tipo de fuero se agazapan para no ser vistos; por el otro, una serie de chivos expiatorios que son señalados como culpables por los verdaderos delincuentes para engañar a la justicia.

Así, los responsables del actual caos que vive Veracruz tienen un doble juego: por un lado, alcanzan la impunidad y, por el otro, colocan piedras en el camino de la justicia para intentar extraviar las investigaciones.

Se les ocurrió ahora poner su atención en personas y áreas que se caracterizan por su honestidad pero que al ser señalados por otros, son investigados y criminalizados con el objetivo de desviar la atención de la justicia y distraer a la población del centro del delito que está precisamente en quienes aún viven del presupuesto y que a pesar de que el gobernador pidió licencia, algunos de sus esbirros denuncian a inocentes como culpables.

Este es el caso de gente que ni la debe ni la teme, como es el caso de Domingo Yorio Saqui, Director de Catastro de Veracruz, contra quien un juez federal determinó vincular a proceso penal, acusado por la PGR, que posteriormente se declaró incompetente para seguir el caso, de filtrar información relacionada con una investigación, en torno a propiedades y empresas presuntamente ligadas al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte.

Yorio Saqui tiene probada honestidad a lo largo de su trayectoria dentro de la administración pública, es precisamente por esta razón que quienes tienen cola que les pisen lo colocan al frente denunciándolo penalmente para convertirlo en presa fácil del descrédito, mientras los verdaderos culpables ganan tiempo con esta coartada para limpiar todo lo sucio que tienen en sus respectivas dependencias de gobierno.

Los peces gordos están muy tranquilos señalando culpables, mientras la justicia en el estado se confunde y empieza a dar palos de ciego creando un caos mayor que mantiene a los veracruzanos en una permanente incertidumbre.

La aplicación de la justicia en Veracruz se asienta en un compás de espera. La guerra entre el gobernador con licencia y el electo, parece ser a muerte. Por un lado, es necesario que se cumpla el fin del mandato de Javier Duarte, del PRI, porque con esa fecha se termina el fuero y podría ser detenido una vez que sea un ciudadano común y corriente, más corriente que común.

Por otro lado, otro grupo de veracruzanos, espera que antes de que tome posesión el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN; sea detenido por una serie de anomalías que reales o ficticias, que siempre estarán presentes alrededor de todo político, sobre todo en este momento en el estado de Veracruz.

Para el PRI no es poca cosa haber perdido uno de sus bastiones, de ahí que el líder del CEN del PRI, visite hoy la entidad por lo menos para saber qué sucedió además de la catástrofe ocasionada por acciones y omisiones de Javier Duarte. Pero podrá ser testigo también de una cacería interna de brujas donde inocentes y culpables son confundidos artificialmente por la justicia y sus nombres manipulados por los verdaderos delincuentes.

Así como se tardará mucho tiempo en restaurar la economía del estado, la credibilidad de su gente alrededor del PRI también pondrá varios años de por medio para volver a voltear a ver a los candidatos de un partido que no tuvo el valor a tiempo, de poner orden en uno de sus bastiones políticos y electorales, ahora perdido.

Es por ello que hay coartadas de quienes se consideran bendecidos por la mano de la impunidad, a quienes el gobernador Duarte se encargó de blindar con un puesto de elección popular como lo son la mayoría de los diputados federales veracruzanos, es el caso de Alberto Silva, Erick Lagos Hernández, Tarek Abdalá, Jorge Carvallo Delfín, Edgar Espinozo, entre otros legisladores que tendrán protección otros dos años más, y que tuvieron altos puestos en el gobierno de Duarte.

Muchos de ellos aprovechan esta ventaja para señalarle los delitos que ellos mismos cometieron a otros que están muy lejos de manchar su nombre y echar a perder el prestigio que les caracteriza como es el caso de Domingo Yorio Saqui, quien debió pagar una fianza de 40 mil pesos; es decir, los delitos graves de la administración de Duarte tienen directrices muy claras y directas, así que por mucho que quieran imputarle otros mayores, la dimensión de la sospecha la mide el monto de la fianza.

Sin embargo, a pesar de que la acusación se basa sólo en sospechas y se carece de pruebas a Domingo Yorio se le prohibió salir de Veracruz. De manera sospechosa y amañada, según dicen testigos, se pasó su responsabilidad de testigo a imputado. El supuesto delito radica en la presunta utilización ilegal de documentación, a lo que el juez resolvió, con base en la acusación del Ministerio Público federal, que los hechos que se le vinculan por utilización ilegal de documentación confidencial y enviarla a la superioridad que la requirió, como el propio Yorio Saqui argumentó desde el principio de sus declaraciones.

Es decir, por obedecer una orden superior es acusado en un principio de filtración y ocultamiento de información, lo cual resulta absurdo. Quienes estuvieron presentes en la audiencia, aseguran que ésta dejó mucho que desear, no escondía su origen oscuro, porque no se respetó el proceso, sobre todo se hizo a un lado la presunción de inocencia del funcionario estatal, a la que todo mexicano tiene derecho.

Es decir, ahora todo acusado es culpable hasta que no demuestre lo contrario, según la causa penal federal 57/2016, que muestra su falta de sustento y de claridad en la acusación.

Previamente se había informado también que el Director del Catastro presuntamente había ocultado información de bienes y propiedades ligadas con el gobernador con licencia, cuando en sus 44 años de servicio público nunca se le acusó de ninguna falta, por mínima que fuera. La precisión y los escrúpulos con los que realiza su trabajo el ex diputado federal y ex presidente municipal de Papantla, Yorio podrían ser pruebas suficientes para despojarlo de las sospechas creadas por quienes saben perfectamente cómo se maneja la información y la protección mutua entre Javier Duarte y sus compinches.

Quienes acusaron ilegalmente a Domingo Yorio sabían que su señalamiento se iba a caer de un momento a otro, es por ello que fueron obsesivos para convocar medios y tratar de hacer de una acusación falsa un delito consumado con ayuda de los periodistas quienes tampoco se tragaron la píldora.

Ahora a los funcionarios públicos se les valora por sus defectos y no por sus virtudes. Por sus errores y no por su vocación de servicio. Éstas son un factor que no define a veces ni simpatías ni votos, pero tratándose de la honestidad a toda prueba de gente como Domingo Yorio Saqui, la denostación comprueba que hay mucho más detrás de quienes ni con el blindaje del fuero, no podrán ocultar por mucho tiempo su responsabilidad.

Las acusaciones de los implicados hacia los inocentes, distrae pero también calumnia, y como la calumnia para ellos es el pan de cada día no se tientan el corazón para poner en el banquillo de los acusados a un inocente, mientras ellos ganan tiempo tapando sus delitos y ocultando a sus cómplices.