Contraloría secuestrada

ALMA GRANDE

Por Ángel Álvaro Peña

• El caos en la administración del gobierno del Estado de Veracruz hace cómplices involuntarios. Como si la corrupción fuera una enfermedad contagiosa, hay quienes todavía no toman el cargo y ya tienen problemas para aclarar lo que reciben.

Como si el gobierno de Veracruz fuera un botín de guerra, los anteriores funcionarios públicos dejaron de pagar la renta de varios edificios, de tal suerte que, al huir de sus instalaciones, antes de que se hundieran, como lo que son ratas, simplemente dejaron deudas por todos lados y la renta se la embolsaron como parte de su jubilación.

El equipo de entrega recepción se ve imposibilitado de realizar su trabajo en lugares como la Contraloría de la SEDARPA, donde se encuentran documentos que seguramente marcarían la prisión de muchos funcionarios públicos de la anterior administración.

Los caseros de dicho edificio lo cerraron porque no han pagado la renta desde hace once meses.

Este adeudo debió ser del conocimiento de Ricardo García Guzmán, Contralor general, no pudo escapar de su labor cotidiana, y si lo desconocía es mayor el delito, porque debió darle solución a un problema que fue sencillo de resolver en un principio y ahora parece sabotear la transición de una administración a otra.

El equipo de transición debe concretar su trabajo de inmediato y exigir la documentación, la cual está guardada en un edifico cuyos propietarios no abrirán sus puertas hasta que paguen el adeudo de renta.

Las contralorías internas de cada dependencia del gobierno están supeditadas a la Contraloría General del estado que encabeza Ricardo García Guzmán, quien está en la misma posición de otros que saltaron de la administración estatal a la diputación local o federal para alcanzar la impunidad a través del fuero.

Ahí están como un aparador de los corruptos personajes que estuvieron en las oficinas de Comunicación Social, de la SEV, de Finanzas, de Sedesol, entre otras muchas.

Así como sucede con otros, amparados y blindados por el momento, el contralor del estado señala como culpables a otros que actuaron no sólo frente a su mirada sino ante su supervisión y nunca dijo nada. Esperaba la solicitud de licencia de Javier Duarte para convertirse de acusado en acusador y fue capaz de viajar a la ciudad de México, a un noticiario televisivo sólo para hacer aclaraciones dudosas sobre su inocencia.

Resulta imposible de creer que tengan más de 15 días esperando que se pague la renta para poder tener acceso a documentación que forma parte de los señalamientos más constantes de la administración que está por terminar.

La nueva administración comienza sus funciones en un par de días, mientras que este problema parece no tener solución rápida.

Desde 1998, Ricardo García Guzmán goza de total impunidad cuando fue por primera vez contralor general, desde ahí extorsionaba a funcionarios públicos, unos inocentes y otros culpables de desvíos de fondos, a algunos de ellos chantajeaba para otorgarles la impunidad de la que todavía gozan, como fue el caso del contador Gonzalo Guízar Valladares, quien no justifica su valiosa fortuna.

Al inicio de la administración de Fidel Herrera, se convirtió en alcalde de Pánuco, se dice que compró la presidencia municipal con dinero mal habido durante la administración de Miguel Alemán.

Pero estas no eran las únicas actividades ilícitas de García Guzmán, se afirma que sustrajo maquinaria de la Editora del estado para crear su propio periódico en Pánuco, su municipio natal, y al que ve como de su propiedad porque cuando llegó a la alcaldía Zita Pazzi, ex directora general del DIF estatal, no la dejó gobernar, la intimidaba a través de llamadas telefónicas que realizaban sus subordinados, exigiéndole que renunciara debido al índice de inseguridad en la localidad.

A la llegada de Javier Duarte al poder, estableció primero alianzas con el PAN y con Miguel Ángel Yunes Linares, para colocar a su hijo en una diputación local, porque el PRI había rechazado su postulación.

A partir de las investigaciones del Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, en la que aseguró que el gobierno de Javier Duarte no respaldó “absolutamente nada” de sus gastos, respecto a las partidas presupuestales auditadas, el contralor General, Ricardo García Guzmán, comenzó a acercarse a la cárcel y alejarse de la impunidad.

Ante esta posibilidad nada remota, personal administrativo cercano a García Guzmán filtró que, por órdenes del contralor, se lanzarían con todo contra Juan Manuel Portal y eso llegó a oídos del Auditor Superior.

La omisión es un delito tan grave como la participación, es por ello que ciertos personajes de la entidad tienen responsabilidad penal en términos del Código Penal del Estado, y no precisamente por haber desviado recursos de manera directa, sino porque teniendo la obligación de vigilar su exacta aplicación, fue omiso en su actuar y por ende, legalmente cómplice, es el Contralor, Ricardo García Guzmán, quien tiene la obligación de vigilar la correcta aplicación de los recursos, llámese de la índole que sean, y con su actuar omiso, no hizo sino encuadrar su conducta en una acción delictiva al solapar y guardar silencio, en algunos casos, y en otros, mucho peor, ser cómplice legal al avalar activamente esas conductas administrativas delictivas.

El Código Penal del estado de Veracruz dispone:

Artículo 18.- El delito es la acción u omisión que sancionan las leyes penales.

Artículo. 19, segundo párrafo- También responderá del resultado producido quien omita impedirlo teniendo el deber jurídico de evitarlo.

Artículo 21.- Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden llevarse a cabo, dolosa o culposamente. Obra con dolo, el que conociendo las circunstancias que integran la descripción legal, quiere o acepta la realización de la conducta o hecho legalmente descritos.

Se impondrán de uno a ocho años de prisión al servidor público que deje de cumplir con los deberes inherentes a su empleo, cargo o comisión en perjuicio de los derechos de un tercero o en beneficio propio o ajeno, tal es el caso de Ricardo García Guzmán.

Traicionó a Fidel Herrera, quien lo hizo alcalde, y luego se puso la camisa Azul de Miguel Ángel Yunes, Duarte hizo a su hijo en ese tiempo, diputado local, y traicionó a Miguel Ángel; hoy sus hijos son, uno alcalde y otro diputado local por Pánuco.

Después atacó a Yunes y se disciplinó bajo la sombra de Duarte y ahora quiere aparecer como el funcionario honesto que señala con la conciencia tranquila a los supuestos corruptos de cuyas acciones se hizo de la vista gorda.

Es obligación del contralor, pagar las rentas pendientes de casi un año en la Contraloría de la SEDARPA, ser escrupuloso con la documentación que ahí se encuentra y abrir no sólo las puertas al equipo de transición, sino a notarios públicos que den fe de lo que ahí existe y, también de personal de la procuraduría estatal que servirán de testigos de mucho de lo oscuro que ahí se esconde y de las omisiones que el propio García Guzmán, dejó pasar por indiferencia o por interés personal.

El equipo de recepción debe exigir al contralor García Guzmán, que abran la caja de Pandora que representa la contraloría interna de SEDARPA, dependencia señalada como el epicentro de los abusos que hicieron del dinero federal Duarte y sus cómplices.

Estos funcionarios muy probablemente dejaron de pagar la renta a propósito para ganar tiempo con el cierre del ejercicio y librar responsabilidades una vez entregada la administración. No pueden dar por concluido el trámite de recepción del gobierno anterior sin conocer, a detalle, lo que hay en ese lugar. Eso no sólo significaría echarse la soga al cuello sino permitir la impunidad de quienes deben estar en la cárcel… Esta columna se publica lunes, miércoles y viernes. 

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