Citlali Medellín presenta la Ley «Lupe Rodríguez” tras el desastre administrativo heredado en Tamiahua
Xalapa, Ver.— En respuesta al conflicto de entrega–recepción que paralizó al Ayuntamiento de Tamiahua al inicio del presente año, la diputada local Citlali Medellín Careaga presentó ante el Congreso del Estado de Veracruz una iniciativa conocida ya como la “Ley Lupe Rodríguez”, una reforma legal que busca castigar con mayor severidad a exfuncionarios municipales que se nieguen a entregar formalmente la administración pública.
Desde tribuna, la legisladora sostuvo que los hechos ocurridos en Tamiahua evidenciaron un vacío legal que permite a autoridades salientes retener llaves, archivos, contraseñas y sistemas financieros, provocando la parálisis de servicios públicos esenciales y afectando directamente a la ciudadanía.
El Diamante
Un precedente que detonó la iniciativa
Medellín Careaga señaló que el caso Tamiahua —heredado de la administración encabezada por Guadalupe Rodríguez Torres— dejó al municipio sin capacidad operativa durante los primeros días del año, al no existir una entrega formal de la administración, lo que impactó la recaudación del predial, el pago de nómina y la operación de servicios básicos.
La diputada calificó estas prácticas como “secuestro administrativo”, al considerar que no se trata de omisiones menores, sino de actos deliberados que vulneran la voluntad popular y el patrimonio municipal.
¿Qué plantea la “Ley Lupe Rodríguez”?
La iniciativa propone reformas a tres ordenamientos clave:
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la Ley de Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal,
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la Ley Orgánica del Municipio Libre, y
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el Código Penal del Estado de Veracruz.
Entre los puntos centrales destacan:
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Presunción automática de delito cuando los funcionarios salientes no se presenten a la entrega el primero de enero.
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Facultades legales al ayuntamiento entrante para tomar control inmediato mediante acta notarial y notificación a las autoridades fiscalizadoras.
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Agravantes penales cuando la omisión de la entrega provoque la suspensión de servicios públicos, frene la recaudación o ponga en riesgo la seguridad, con penas de prisión incrementadas e inhabilitación de hasta diez años para ejercer cargos públicos.
Aunque el nombre “Ley Lupe Rodríguez” no figura de manera oficial en el proyecto de decreto, ya es utilizado en el ámbito político y mediático para identificar la iniciativa y el antecedente que la motivó. La propuesta abrió de inmediato el debate sobre la responsabilidad legal de las administraciones salientes y la necesidad de blindar los procesos de transición municipal en Veracruz.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y eventual dictamen, en un contexto donde varios municipios del estado enfrentan conflictos similares de entrega–recepción.
De aprobarse, la “Ley Lupe Rodríguez” marcaría un antes y un después en la forma en que se sanciona el sabotaje administrativo en los ayuntamientos veracruzanos, con el caso Tamiahua como referencia obligada.
